José Luis Rodríguez Zapatero cumplió este lunes dos años de mandato con sus dos principales objetivos encauzados: la aprobación del Estatuto de Cataluña está fuera de toda duda y el alto el fuego de ETA abre el camino hacia el final de la violencia. El presidente del Gobierno ha gozado, pese a la precariedad de su mayoría parlamentaria, de una estabilidad inusual y ha visto acrecentarse los tímidos apoyos con los que comenzó su andadura. Sin problemas internos a la vista, el PSOE es una balsa de aceite, el jefe del Ejecutivo quiere dedicar la segunda mitad de su cuatrienio a consolidar el proceso de paz, una vez que constate la veracidad del fin del terrorismo.

Rodríguez Zapatero se estrenó en La Moncloa con un gesto pocas veces visto, el 18 de abril de 2004, un día después de jurar el cargo y el mismo día que lo hacían sus ministros, ordenó la retirada de las tropas acantonadas en Irak. Pocos en el PSOE, y mucho menos fuera de él, esperaban una decisión de tal calado. El presidente del Gobierno quiso que aquel puñetazo en la mesa fuera una señal de lo que iba a ser su gestión. La medida contó con el aplauso de todo el arco parlamentario, con la excepción del PP, una correlación de fuerzas que se ha consolidado en estos dos años y que ha proporcionado al Ejecutivo una solidez impropia para una minoría de 164 diputados.

El ecuador de la legislatura llegó «con la mejor de las noticias», según palabras del propio Rodríguez Zapatero, ya que el 22 de marzo ETA declaró un alto el fuego permanente. Un paso por el que pocos apostaban, pero que tras año y medio de gestiones, contactos directos e indirectos, cruce de cartas en privado y de mensajes en público, se hizo realidad. El cese de las actividades terroristas precipitó a su vez la primera y única remodelación gubernamental, cuyas rasgos más sustantivos fueron la salida de José Bono del Ejecutivo y la entrada de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una crisis rápida y discreta con un fin muy claro: gestionar el proceso abierto por el alto el fuego de ETA, y con ese fin puso en el puente de mando de Interior al ingeniero de la sala de máquinas. El presidente del Gobierno tiene claro que consolidar el proceso de paz es la apuesta de la legislatura. Lograrlo, suele decir, supondría poner fin al único problema heredado de la dictadura franquista y que la democracia no ha sabido resolver en casi 30 años. Con esta idea en mente, rebajará su agenda exterior y dejará en manos del Rey una intensa labor diplomática; diluirá asimismo su presencia en el primer plano de la actualidad política ya que da la legislatura por encarrilada.

Estatuto

Detrás quedó la dura negociación del Estatuto de Cataluña, en la que Rodríguez Zapatero tuvo dos intervenciones decisivas. La primera, el 22 de septiembre pasado cuando se encerró en el palacio de La Moncloa con Pascual Maragall y el líder de CiU, Artur Mas, primero por separado y después juntos, para desencallar la tramitación de la reforma estatutaria en el Parlamento de Cataluña. Un texto que se aprobó ocho días después con el apoyo de casi el 90% de la cámara autonómica.

La segunda, el 21 de enero, sirvió para cerrar con el presidente de la federación nacionalista catalana el acuerdo definitivo para que el proyecto pasase el tamiz de las Cortes. El Congreso aprobó el texto el 30 de marzo, y ahora está en el Senado.

Los socialistas reconocen que ni en sus pronósticos más optimistas entraba la consecución de ambos objetivos, aunque también apuntan que la rapidez en lograrlos puede jugar en contra porque dentro de dos años, cuando se celebren las elecciones, cabe la posibilidad de que estén amortizados por el electorado y hayan dejado de ser un activo de la gestión de Zapatero. Fuentes de La Moncloa descartan esta visión pesimista y sostienen que la consolidación del proceso de paz y el Estatuto de Cataluña no pueden mirarse con un prisma electoral, y que son hechos que quedarán en la conciencia ciudadana sin paternidad atribuible porque el mérito no es sólo del Gobierno.

La negociación de la reforma estatutaria catalana trajo, por otra parte, consecuencias. Esquerra Republicana, aliado fiel de los socialistas desde el primer minuto, se sintió desairada por su marginación y aflojó la fortaleza de su alianza con el PSOE. Un movimiento que fue aprovechado de inmediato por CiU para convertirse en socio habitual en las votaciones parlamentarias. También el PNV modificó sus reticencias iniciales hacia Rodríguez Zapatero y ha secundado al Gobierno en proyectos determinantes. Los Presupuestos de este año, por ejemplo, contaron con el respaldo de nacionalistas vascos y catalanes; a diferencia de los de 2005, en los que ambos grupos negaron su aval y el Ejecutivo sólo contó con el respaldo de ERC e IU.

Reformas sociales

Esta nueva fortaleza parlamentaria animó al presidente del Gobierno a llevar al Congreso dos de sus iniciativas legislativas más ambiciosas, la ley de Igualdad y la de Dependencia. La aprobación de estos proyectos será el corolario de un amplio programa de reformas sociales y de igualación de derechos civiles y sociales. El jefe del Ejecutivo comenzó la legislatura con la aprobación de la ley contra la violencia de género, siguió con la ley que autorizó los matrimonios homosexuales, la agilización del divorcio, la subida de las pensiones mínimas o la del salario mínimo interprofesional. Zapatero quiso de esta forma dar cuerpo legislativo a sus enunciaciones teóricas de «republicanismo cívico», «socialismo de los ciudadanos» o «patriotismo constitucional". Unos conceptos que para la oposición del PP no son más que frases huecas, pero a las que el presidente del Gobierno quiso dar un contenido formativo con repercusión en la vida cotidiana.