La continua confrontación entre el presidente Chirac, el primer ministro Villepin y el titular de Interior, Sarkozy, y la de todos ellos con los estudiantes, sindicatos, antiglobalizadores e inmigrantes franceses, ha convirtido la disputa por el Contrato de Primer Empleo en el mejor símbolo de la desorganización y decadencia francesa; y lo que es peor, en el ejemplo de la falta de voluntad por parte de los implicados de buscar soluciones viables a la grave crisis por la que pasa el país. El Contrato presentado hace un mes por Villepin era un proyecto moderado consistente en permitir el despido libre y sin justificación durante dos años para los menores de veintiséis a cambio de ayudas a los jóvenes para alquileres y adquisición de viviendas, formación profesional gratuita, pagas estatales si el joven empleado no ha cotizado al paro, y la conversión del contrato en fijo al final del periodo. Pero la actitud intransigente de los estudiantes no le ha dado la menor oportunidad.

Pese a todos sus esfuerzos por evitarlo, la economía francesa está sujeta, como las de todo el mundo, a un proceso creciente de competencia e internacionalización en el que el papel de la mano de obra y el capital están rápidamente cambiando. El capital y la técnica se hacen cada vez más complejos y el trabajo se ve forzado a ser cada vez más especializado y ágil, es decir, que lo que los economistas llaman el capital humano, o sea, el acervo de habilidades, iniciativas, imaginación, conocimientos y capacidad de resolver problemas que cada trabajador posee tiene que hacerse cada vez mayor si éste no quiere verse desplazado de los mercados laborales. Pues bien, la incapacidad e inacción política francesa, unidas a la exagerada y radical influencia de los sindicatos de la enseñanza media, han logrado un anquilosamiento del sistema educativo francés que genera un 12% de analfabetos y más de 150.000 graduados sin calificación laboral alguna. Lo paradójico -y siniestro- de esta situación es que los que están a la cabeza de estos desmanes son aquellos que nunca se verán afectados por la exclusión laboral: los estudiantes universitarios que dentro de pocos años engrosarán las filas de la aristocracia laboral del inmenso sector público, y sus empresas afines, para los que los despidos y rebajas salariales son fenómenos casi desconocidos.

Todos los países tienen experiencia -España más que muchos- del daño que pueden hacer los grupos de presión privados sobre la economía y la sociedad. Pero el caso francés sobrepasa el límite de lo razonable. El poder de los sindicatos, los universitarios y los empleados públicos han llegado a ofuscar y a acorralar a la opinión pública francesa en un antiliberalismo mercantilista que, al oponerse a cualquier reforma en aras de mantener el statu quo, están llevando a Francia a las posiciones más retrógradas de Europa, incluso si para ello hay que usar la coacción y la violencia. Y la cuna de las libertades no se merece eso.