La nueva y también controvertida Ley Urbanística Valenciana (LUV), vigente desde el 1 de febrero pasado tras su precipitada aprobación a finales de diciembre después de ser cuestionada por el Gobierno de Bruselas su predecesora LRAU, está provocando un efecto directo sobre la compraventa de fincas rústicas de especial protección. Las operaciones se están multiplicando en las últimas semanas, en algunos casos con valores multimillonarios, debido a su eventual uso por los promotores de viviendas.