Parece que las Fuerzas de Seguridad del Estado se han reforzado y se están adoptando muchas medidas, pero que llevará algún tiempo hasta que obtengamos los resultados esperados. Así nos lo hizo saber, el pasado lunes, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, a un nutrido grupo de empresarios en la sede de Coepa. No voy a poner en duda la intención del Gobierno de atajar los altos índices de violencia, pero lo cierto es que la tasa de inseguridad y criminalidad sigue creciendo, en especial para los que vivimos y trabajamos en el campo.

El campo es un medio abierto muy vulnerable, donde los amigos de lo ajeno campan a sus anchas porque no hay vigilancia y aquí no llegan esos efectivos que se están incorporando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El campo alicantino resulta un lugar idóneo para hurtos y delitos menores a los que se les da poca o ninguna importancia. Habría que preguntarse de dónde salen esos maleteros llenos de alcachofas que se venden, casi se regalan, en algunos mercados. ¿A quién le importa que en éste o aquél huerto se lleven 10 o 12 cajas de limones? ¿Quién persigue al delincuente que roba en una finca agrícola? Cuando a media noche se oyen ruidos y voces en el huerto, junto a la vivienda del agricultor, ¿quién tiene agallas para salir y decirles que no toquen nada? El agricultor prudente calla temiendo por la vida de su familia y se limita a suplicar para que, por la mañana, no le hayan destrozado la cosecha, pues los ladrones rara vez entienden de agricultura y entre la nocturnidad y las prisas arrancan sin mirar lo que se llevan por delante. O se llevan la maquinaria y demás enseres. El agricultor, impotente, escucha y aguarda el alba para evaluar el tamaño de los destrozos y es que el miedo está cada vez más asentado en el agro alicantino.

Las autoridades nos dicen que para actuar primero hay que denunciar. Pero la inseguridad ha llegado a unos niveles en los que el agricultor está más preocupado por salvaguardar la propia vida que por las agresiones que puedan cometerse contra su propiedad privada. Y hablar de denunciar ya son palabras mayores, porque los agricultores temen las posibles represalias derivadas de la denuncia y, además, ¿quién les iba a hacer caso en Comisaría por denunciar el robo de productos agrarios? Las autoridades lo entienden como delito menor, casi una picardía, porque, al fin y al cabo, lo que se roba son frutas y hortalizas y no importa de quién sean o lo mucho que le haya costado al agricultor producirlas. Otro gallo cantaría si la mercancía robada fueran televisores o joyas.

Sin agua para regar, con elevadísimos costes de producción, falta de mano de obra cualificada y feroz competencia que nos llega de terceros países, qué más da una caja de fruta más que una menos en el mercado. Una vez más, es la maltrecha economía del agricultor la que asume el coste de estos daños.

Sin ánimo de relacionar inmigración y delincuencia, han proliferado bandas organizadas de diferentes nacionalidades especializadas en el robo y la extorsión en el medio rural, sobre todo en la Vega Baja y el campo de Elche. Los agricultores somos los primeros que demandamos mano de obra inmigrante para nuestras explotaciones, pero también es fundamental que la Administración ponga los medios para que estas personas cumplan el objeto del contrato. Son muchos los inmigrantes que buscan en la agricultura una puerta de acceso para conseguir los papeles para, una vez obtenido el permiso, dedicarse a otros menesteres. Es aquí donde realmente se hace necesaria la vigilancia y donde el Ministerio tiene que tomar medidas para poner fin a estas prácticas.

Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores.