El PSOE ha decidido convertir a España en un Estado confederal, sin tener en cuenta el criterio del principal partido de la oposición. Esa es la lectura que desde el PP se hace de la reforma del Estatuto de Cataluña aprobada el jueves por el Congreso de los diputados por una mayoría del 54%. El secretario general de la formación, Ángel Acebes, aseguró ayer que desde la Generalitat se va a poder decidir «lo que afecta al resto de España», mientras que en el resto de España no se podrá opinar sobre «lo que pasa» en Cataluña. Con este argumento volvió a reclamar al Gobierno que convoque un referéndum para que los españoles puedan opinar sobre una ley que, a su juicio, «acaba con el Estado autonómico de la Constitución de 1978».

El PP lleva ya recogidas, según dijo Acebes, 3,7 millones de firmas de ciudadanos que reclaman una consulta. A pesar de que los estatutos de autonomía sólo exigen (y no en todos los casos) la ratificación de la población sobre la que se aplican, los populares insisten en que este caso es diferente. Con todo, el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró hace apenas un mes que las firmas recogidas y la proposición no de ley con la que pretendían adjuntarlas serían presentadas a finales de marzo, una vez el Estatut fuera aprobado por la comisión constitucional del Congreso. El texto no sólo ha superado ese trámite sino que ya cuenta con el aval del pleno. Y, de momento, el primer partido de la oposición no ha actuado.

Acebes -que se reunió con las Nuevas Generaciones de su partido para valorar la campaña- no habló ayer de plazos. Simplemente se mostró convencido de que José Luis Rodríguez Zapatero hará oídos sordos de su demanda (los socialistas afirman que se trata de un referéndum ilegal) porque «sabe que si hiciese esta consulta la iba a perder». A su juicio, el rechazo a la reforma del Estatuto ha provocado la «movilización más espectacular de la historia de España» y el Ejecutivo debería tenerla en cuenta. Además, reiteró que nunca una ley orgánica de este calado había tenido menos consenso.

El número dos del PP criticó la calidad jurídica del texto, que calificó de «bodrio farragoso, ambiguo e ininteligible», y vaticinó que acabará convertido en un «semillero de pleitos».