En menos de año y medio, la sección de Anticorrupción de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante se ha llenado hasta los topes de papeles con un denominador común: denuncias sobre presuntas corruptelas en los que siempre median proyectos urbanísticos o contratas multimillonarias. Los escándalos en la gestión pública arrancaron en Alicante en el verano del año 2003 con Mercalicante y un posible agujero de seis millones de euros. Desde entonces, no ha parado el soniquete del escándalo que tiene su epicentro en la Vega Baja, pero que salpica a otros muchos ayuntamientos.