Por el colapso del Juzgado de lo Penal número Uno de Orihuela, el juicio del ex interventor del Ayuntamiento, José Manuel Espinosa, «puede comenzar a mediados del 2008», advertían ayer al periódico La Verdad fuentes judiciales. «Ahora se están celebrando los asuntos del 2004», argumentan, mientras los ya instruidos del 2005 se señalarán para el 2007 y «los asuntos cuya instrucción termine en el 2006 tendrán fecha del 2008».

Salvo que «por la alarma social y las repercusiones en la prensa del caso del funcionario del Ayuntamiento», aclaraban a este periódico fuentes de la magistratura, «se decida darle preferencia».

Terminada ya la fase de instrucción, las partes disponen ahora de tres días, a partir de la notificación, para interponer recurso de reforma. Acto seguido, la juez da diez días a la Fiscalía, «si bien ésta puede tomarse más tiempo por acumulación de trabajo», y al Ayuntamiento para que formulen escrito de acusación. Los grupos de concejales de la oposición ejercen como acción popular.

A continuación, Espinosa dispondrá de diez días para presentar el escrito de defensa. Y si todas las partes descartan que se practiquen nuevas pruebas, la magistrada «puede fijar dentro de dos meses la fecha del juicio oral (para el 2008 si se mantiene el orden actual del turno de señalamiento)».

En su declaración en el Juzgado Cinco de Orihuela, el ex interventor ratificó que vio «facturas falsas presentadas por Necso por importe de 240.000 euros» (la adjudicataria del servicio de recogida de la basura), si bien hasta que fue destituido «no se habían pagado».

Por la querella del alcalde Medina contra el funcionario y los portavoces de la oposición, Espinosa admitió la grabación de la conversación que mantuvo con los ediles de Centro Liberal, PSOE y Los Verde, eso sí, «sin ánimo de injuriar ni atentar contra el honor del alcalde». Y alegó que se limitó «a criticar la labor realizada», como «las irregularidades en la modificación presupuestaria en la obra de la Glorieta», al encarecerla de 200 a casi 1.000 millones de pesetas, sin partida ni nuevo concurso.

Falsificaciones

La magistrada que instruye la presunta malversación del ex interventor debe ponderar si investiga si el funcionario ha estafado 562.000 euros (93 millones de pesetas) a Caja Rural Central (234.000 euros) y a la CAM (328.000 euros), según el informe y el comunicado de la Concejalía de Hacienda del 26 de mayo del 2005.

La hipótesis apunta a Espinosa como «el autor de facturas falsas de Kimired», sociedad malagueña contratada por la Concejalía de Deportes. Se sospecha que «pudo falsificar» certificados de deuda del Ayuntamiento a la empresa, usando la estampilla con la firma del alcalde, «por trabajos sin realizar por la mercantil». Así se lograron adelantos de las entidades financieras en beneficio de la empresa, a la que no llegaron los préstamos por los trabajos inexistentes, explicaron fuentes próximas al caso.