Al menos cinco millones de euros. El juzgado de Orihuela que asuma la investigación de las presuntas gestiones irregulares en el Ayuntamiento oriolano -que fueron denunciadas el pasado lunes por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante- deberá aclarar pagos por valor de al menos cinco millones de euros (más de 831 millones de pesetas).

Según ha podido saber este diario, entre las principales irregularidades denunciadas por el fiscal de Anticorrupción, Felipe Briones, se encuentran la realización de facturas falsas, la concesión de subvenciones sin justificar, la comisión de anticipos a algunos concejales, abusos urbanísticos y la contratación de un asesor con incompatibilidad evidente para ejercer el cargo.

Además, el fiscal solicita que se abran diligencias por el sobrecoste de obras, la ausencia de facturas en mandamientos de pagos y el cobro de comisiones, según fuentes próximas al caso.

Después de seis meses de investigación, el fiscal decidía remitir el lunes a los juzgados de Orihuela en calidad de denuncia una larga lista de hechos llevados a cabo en el Consistorio oriolano que podrían ser constitutivos de delito. Entre los presuntos autores de las irregularidades se encuentran el alcalde popular José Manuel Medina y cinco de sus concejales, así como cinco empresas que supuestamente recibieron trato de favor.

Según fuentes de la Fiscalía, de las irregularidades denunciadas se desprenden los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y falsificación de documentos, aunque las imputaciones deberán de determinarse durante la instrucción del caso en los juzgados.

Entre la documentación que el juez tendrá que investigar -según la relación de hechos enumerados por el fiscal- se encuentra la adjudicación de las obras de reforma de la Glorieta Gabriel Miró a la empresa Doalco (del promotor Domingo Alcocer), el presunto pago de facturas falsas a la empresa Necso (adjudicataria del servicio de recogida de basuras en el casco urbano) o las subvenciones supuestamente sin justificar otorgada a la Asociación de Moros y Cristianos.

Además, el juez deberá comprobar la documentación presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los ingresos presuntamente no acreditados procedentes de las taquillas de los conciertos organizados por la Concejalía de Juventud, que entonces dirigía Mónica Lorente.

El fiscal Anticorrupción también ha solicitado que el juzgado investigue al secretario del Ayuntamiento, Alfonso Martínez, a quien se apunta como presunto autor de la realización de una serie de facturas falsas, según fuentes próximas a la investigación.

Junto al presunto trato de favor otorgado a cinco empresarios, el fiscal también denuncia en su formulación de cargos la contratación del ex asesor de personal Luis Prieto, a pesar de que tenía una «incompatibilidad evidente» para ejercer el cargo, según se señala en el escrito de Anticorrupción.

La incompatibilidad fue denunciada por los socialistas, después de comprobar que el asesor de personal cobraba de dos instituciones públicas al mismo tiempo: por una parte algo más de 30.000 euros al año del Ayuntamiento, y por otra, ejercía como funcionario de la Consejería de Educación de la Región de Murcia.