Durante el debate previo al referéndum de la constitución europea en Francia, una de las metáforas más recurrentes para justificar la oposición de sectores de la izquierda a la liberalización de los servicios fue la del fontanero polaco dispuesto a trabajar por menos dinero y a quedarse con el empleo de los ciudadanos franceses. En poco tiempo se ha demostrado que esta amenaza era infundada y que no se han producido esas temidas avalanchas de emigrantes del Este sino que, por el contrario, la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados miembros de la Unión se está mostrando beneficiosa para el conjunto de Europa. Así lo subrayaba la Comisión Europea en su reciente informe sobre el impacto de las cláusulas de salvaguardia que impusieron hace dos años los Quince y en el que se hacía hincapié en los efectos positivos que ha tenido la libre circulación en los tres países que no impusieron restricciones en 2004: Reino Unido, Suecia e Irlanda.

Con encomiable realismo, el presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado ayer en la III cumbre hispano-polaca que España adelanta al 1 de mayo el final de la moratoria que impedía durante siete años este libre tránsito. El jefe del Gobierno español ha explicado la decisión no sólo como una acertada medida económica sino como un respaldo a la idea de ciudadanía europea, cuyo contenido principal hasta ahora es la libre residencia y la libre circulación de los nacionales de los Estados miembros. La realidad es que, además, el Gobierno ha adoptado la medida como una concesión a Polonia, que la había solicitado de modo insistente en los últimos meses, e igualmente porque el Ejecutivo de Zapatero estaba en cierto modo en deuda con el Gobierno de Varsovia: la ruptura del pacto político acordado con anterioridad por ambas naciones para defender juntos el sistema de votación previsto en el Tratado de Niza y la precipitada salida de las tropas de Irak, en absoluto comprendida por un Gobierno tan atlantista como el de Varsovia, habían enfriado extraordinariamente las relaciones entre ambos Ejecutivos. Tampoco fueron muy acertadas la cancelación por el propio Zapatero de su viaje oficial in extremis, aduciendo cansancio, o la generosa negociación de los fondos Europeos llevada a cabo por el presidente español; que propició que fuese Francia la que al final apareciese como leal aliado de Polonia en la reclamación de mayores subsidios agrícolas. El gesto de Zapatero en Granada es, por lo tanto, acertado y necesario para empezar a restaurar una relación bilateral muy importante para España en la Europa de los Veinticinco. No en vano, con Polonia compartimos muchas posiciones institucionales al tener la misma población y la condición de frontera externa de la Unión. El llamamiento de Zapatero a las empresas españolas a que inviertan en Polonia llega, sin embargo, algo tarde, una vez que alemanes, italianos y otros europeos han copado el mercado más grande de los nuevos Estados miembros.