El Gobierno de Rodríguez Zapatero que venía anunciando desde hace un año la presentación de una ley de igualdad, aprobó ayer -con cierto apresuramiento- no el preceptivo anteproyecto de ley sino un informe sobre esa iniciativa legisladora que será Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para reforzar su iniciativa política, el Ejecutivo incluyó también un paquete de medidas de protección a la mujer que se han hecho coincidir con las vísperas del Día Internacional de la Mujer.

Por esa precipitación a la hora de presentar públicamente las normativas sobre las que viene trabajando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las explicaciones del futuro anteproyecto en boca de la vicepresidenta y del ministro Jesús Caldera fueron mucho más allá de lo recogido en el documento oficial aprobado por el Consejo de Ministros. Las medidas más definidas son las destinadas a conciliar vida laboral y familiar, ampliando o facilitando las condiciones para los permisos de lactancia y paternidad, así como la aplicación de la igualdad en la vida laboral obligando a planes con ese objetivo en las empresas con más de 250 trabajadores y medidas específicas en las más pequeñas, lo que supondrá introducir cambios en 3.500 convenios colectivos.

A falta del texto articulado del anteproyecto de ley, quizás resulte exagerada la descalificación lanzada ayer por la CEOE contra la anunciada ley, aunque corresponde a la patronal advertir sobre los efectos de un aluvión de cambios sometidos a más rigideces que gradualidad. La equiparación de la mujer al hombre necesita acciones específicas, no necesariamente discriminaciones positivas, en la vida laboral, pero contrasta el grado de concreción en ese terreno del Informe aprobado por el Consejo de Ministros, con la vaguedad en otros objetivos.

Mientras quiere promover códigos de autorregulación sobre igualdad en los medios de comunicación privados, la anunciada exigencia a los consejos de administración de las empresas del Ibex de momento figura como el propósito de abrirlos a una indefinida participación de la mujer. Del mismo modo la paridad, es decir, mitad y mitad, en cargos y organismos públicos, sobre el papel se queda en «representación equilibrada» en la designación de puestos por los poderes públicos, y en la garantía de una «composición equilibrada de ambos sexos» en las listas electorales, que presumiblemente será de un 60% y 40%.

Socialmente, la mujer ha conquistado unos niveles de promoción que hacen posible plasmar en la ley lo que es normalidad o necesidad en la vida ordinaria, pero evitando actitudes frívolas o fundamentalistas. Se avecina una polémica tramitación parlamentaria, sin olvidar que esta próxima ley, por orgánica y transversal, afectará a todas las leyes estatales relacionadas con la aplicación de los principios de igualdad por los poderes públicos.