Mientras los agricultores nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras por diferentes motivos, los distribuidores se están forrando a costa de nuestra renta y del bolsillo de los consumidores. La culpa es de la pertinaz sequía, de la falta de agua y de la carencia de mano de obra cualificada, de la subida del precio del gasóleo o de los elevados costes de producción, pero, sobre todo, las culpables son esas grandes empresas de distribución agraria que controlan la totalidad del mercado internacional de frutas y verduras.

Éstas prefieren comprar fuera a bajo precio productos de dudosa calidad, aun poniendo en jaque el futuro del agro español, antes que llegar a acuerdos con los agricultores nacionales. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso del limón. El mercado de los cítricos se encuentra en manos de exportadores y grupos cooperativistas que compran el producto basándose en criterios de exclusiva rentabilidad a corto plazo y lo distribuyen de forma masiva colapsando los mercados nacionales y obligando al agricultor nacional a dejar sus frutos en los árboles. Y no les importa traer el producto de países como Argentina, o el norte de África, aun sabiendo que los cítricos nacionales tienen una mayor calidad y más durabilidad de cara a la exportación a mercados externos. No les importa dejar el producto nacional colgado del árbol mientras dan salida a productos procedentes de terceros países, de peor calidad, pero que les salen más rentables, puesto que los venden al mismo precio.

Y si queremos seguir buscando responsables de esta situación, también tendremos que hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer que la desesperación y las leyes del mercado han conseguido que los productores agrarios estemos cada día menos unidos. La táctica romana del divide y vencerás nunca pudo tener mejores resultados para la distribución que en el caso de la producción agraria. La libre competencia y la dispersión de la oferta son responsables en buena medida de la caída de los precios de los productos agrarios en origen. La globalización no deja lugar a dudas, ni permite, hoy en día, ir por libre en ningún sector económico y mucho en la agricultura alicantina, que se encuentra herida de muerte.

Tampoco debemos restar importancia al papel fundamental que desempeñan las administraciones públicas relacionadas con el sector. No nos cansaremos de reclamar medidas que garanticen unos precios mínimos para los productos agrarios en origen, bien a través de una concentración de la oferta, bien asegurando la renta de los agricultores, para evitar abusos de los intermediarios y reducir el fenómeno del dumping social.

Con estas acciones se recortaría la enorme desproporción que existe entre el precio que cobra el agricultor, muchas veces por debajo de los costes de producción y el que paga el consumidor por el mismo producto en las grandes superficies. Tampoco deben marginar las administraciones públicas a los productos autóctonos y tienen que ser capaces de someter a los productos agrarios procedentes de terceros países a los mismos controles de vigilancia fitosanitaria y calidad que deben superar las producciones agrarias nacionales, para no consentir que se alcancen los niveles de competencia desleal a los que estamos asistiendo.

Y como afectado último está el consumidor, en cuya responsabilidad recae la necesidad de exigir en los puntos de venta un precio justo, acorde a la calidad del producto que compra, para que no le sigan dando gato por liebre. Y por qué no, la de reivindicar el producto de la tierra, un producto de calidad cultivado según los procesos tradicionales, más fresco y más fiable, siempre al alcance del bolsillo.

Ante este rosario de intereses contrapuestos, a los productores nos quedan pocos caminos para continuar trabajando en el sector agrario. Pero, sin duda, el único que nos puede llevar a mejorar la situación es el de organizarnos en grupos de producción, lograr que las cooperativas estén controladas por los agricultores y exigirles resultados orientados a mejorar la renta del agricultor. Una concentración de la oferta enfocada a la comercialización del producto, con la responsabilidad de obtener buenos precios y liquidaciones dignas, bajo la atenta mirada de la Administración, que ha de velar para que todas las ayudas lleguen al productor, que es quien las solicita y a quien se le concenden. La única salida que nos queda ya en la Agricultura es la de arriesgar y unirnos para plantar cara al gigante de la distribución.

Eladio Aniorte Aparicio es presidente de Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante.