El Tribunal Supremo quiso dejar ayer claro que el Poder Legislativo carece de competencias para intentar controlar o entrometerse en la labor jurisdiccional de los tribunales de justicia, que son órganos independientes. Así, el alto tribunal se opone a que su presidente, Francisco Hernando, comparezca el próximo 7 de marzo ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre la aplicación por los tribunales de la ley que regula el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo.

La Sala de Gobierno del alto tribunal acordó ayer por unanimidad declarar «improcedente» que el Parlamento cite a Hernando para que dé explicaciones ante los diputados sobre «decisiones jurisdiccionales». La ley sólo prevé las comparecencias del presidente de Supremo en asuntos de política y gestión judicial, y en especial para presentar la memoria anual de actividades de los tribunales.

La razón de la citación parlamentaria es la polémica político judicial desatada por la posible excarcelación anticipada en los próximos años del sangriento terrorista Henri Parot y de otros casi dos centenares más de etarras, peligro que quedó abortado el lunes pasado por una sentencia pionera del Supremo que obligará a los terroristas condenados por el Código Penal de 1973 a permanecer en prisión de forma efectiva durante 30 años.

Fuentes judiciales indicaron que Hernando aún no ha decidido qué hará: si irá o no a la cita en el Congreso, si comparecerá ante los parlamentarios, o si, aunque asista a la comisión, declinará contestar a preguntas vinculadas con decisiones de los tribunales.