Estamos inmersos en un confuso ambiente de gran crispación política desde hace ya muchos meses, y comienza a hacerse patente un curioso fenómeno que deja en muy mal lugar a los promotores de la algarabía: los temas que dan pie al barullo no sólo no se agotan sino que se abandonan tranquilamente cuando aparece otro que pueda servir más fácilmente al objetivo de la calentura verbal, sin perjuicio de regresar después a los argumentos anteriores siempre que la oportunidad lo aconseje. Por decirlo más claro, empieza a parecer que los grandes argumentos esgrimidos para la confrontación son en realidad simples pretextos, útiles para la gresca y el acaloramiento.

En efecto, la primera y tumultuosa eclosión del gran conflicto que mantienen abierto el Gobierno y el principal partido de la oposición tuvo lugar en mayo pasado, cuando Rodríguez Zapatero propuso al Congreso una resolución que restituía de facto la vigencia del punto 10 del nunca derogado ni denunciado pacto de Ajuria Enea (enero de 1988), que preveía el «final dialogado de la violencia» y cuya recuperación matiza por tanto el mucho más duro pacto antiterrorista y por las libertades de diciembre del 2000, que apostaba por la derrota pura y simple de ETA. Sobre aquella mudanza, se abrió un encendido debate en que volaron las acusaciones de rendición ante los terroristas, de claudicación frente a ETA...

Pero no duró mucho tiempo la pública e incendiaria discusión sobre aquel asunto: en septiembre pasado era aprobado el proyecto de reforma del Estatut por el Parlamento de Cataluña, y este asunto se convirtió en el gran leiv-motiv de la polémica política, que rebrotó con renovados ímpetus y con tales dosis de ardor que la vehemencia llegó a eclipsar los razonamientos. Los tópicos que volaron como cuchillos afilados en el parlamento y en los medios de comunicación eran la ruptura de la unidad del Estado, la quiebra dramática de la solidaridad, la traición a la Constitución del 78, la desaparición de España como país, etc., etc. El Estatuto aprobado por el legislativo autonómico catalán que viajó a Madrid era desaforado e inconstitucional, y precisamente por ello Zapatero dio el estratégico golpe de timón de cambiar de aliados y, gracias a la sensatez de CiU, hoy ya nadie duda de que Cataluña disfrutará de un nuevo Estatuto plenamente constitucional, moderno y sumamente útil para el desarrollo del Principado en todos los órdenes. Nadie ha rectificado sin embargo las críticas de fondo, que, aunque con sordina, siguen enhiestas, pero la inflamación dialéctica, que resultaba difícilmente sostenible en el ámbito territorial, ha vuelto a cambiar de escenario: ahora ha regresado a Euskadi, a la cuestión terrorista, matizada con nuevos ingredientes demagógicos: el Gobierno ya habría pactado subrepticiamente con los asesinos de ETA, estaría deseoso de concederles beneficios penitenciarios, etc. Y, lógicamente, tendría la secreta intención de desmarcarse de las víctimas.

No hacen falta grandes dosis de malicia para llegar a la conclusión de que el potente mar de fondo de la política española es el resultado de una estrategia encaminada únicamente al objetivo electoral. No es verdad, por tanto, que el PP defienda ante todo valores: éstos están subordinados a una táctica de recuperación del poder. De otro modo, no se abandonarían los temas sin agotarlos, ni se dejaría de reconocer que la crispación generada en algún caso -el del Estatut es el más evidente- ha rendido frutos elocuentes, de los que todos tendríamos que felicitarnos: la dura respuesta que recibió la propuesta estatutaria emanada del Parlamento de Cataluña ha tenido mucho que ver con la disposición de CiU a aterrizar en el posibilismo constitucional.

Así las cosas, la barahúnda del conflicto permanente no resulta en absoluto clarificadora porque tampoco permite diferenciar con claridad cuáles son las posiciones teóricas de ambas partes. La más sagrada función institucional de las minorías políticas en un Parlamento es la de oponerse, la de controlar al poder, pero cuando un partido en la oposición critica sistemáticamente todo cuanto hace el poder, sin matices ni coherencia con el ideario propio, sus perfiles se difuminan inevitablemente. Esto es lo que ocurre hoy día, cuando asistimos por ejemplo a una curiosa declaración de Rajoy para justificar su recogida de firmas en pro de un imposible referéndum: el PP está haciendo -dice su presidente- lo mismo que Romano Prodi en Italia. Con una salvedad pintoresca: el izquierdista Prodi, jacobino, se opone a la descentralización regionalista que ha diseñado la derecha de Berlusconi. Es decir, que Rajoy y Prodi, antagonistas ideológicos, reman en la misma dirección. ¿No es curioso?

Las viejas democracias -y la nuestra ya comienza a serlo- casi no se ven afectadas por el griterío insoportable de sus elites políticas. Las sociedades caminan y progresan solas, lo que relativiza grandemente en valor de lo público. Pero precisamente por ello no tiene mucho sentido que los partidos, tan poco prestigiados, y sus líderes, tan poco apreciados, opten por el ruido cuando habría probablemente oportunidad enriquecedora de hacer una política mucho más creativa y creadora, en beneficio de la comunidad.