El cierre del punto de encuentro, servicio que usan los juzgados de Familia y de Violencia Doméstica para que se cumplan los regímenes de visitas judiciales, muchas de ellas tuteladas, en un plazo máximo de dos meses por carecer de cualquier medio de financiación, ha caído como un jarro de agua fría entre el colectivo de abogados y procuradores.

Su descontento y preocupación por esta mala noticia vienen a añadirse al fuerte malestar expresado en días pasados por la juez y la secretaria judicial del juzgado de Familia tras enterarse de la situación de bancarrota del servicio. Es preciso recordar que dicho recurso judicial, con amplia repercusión social, se puso en marcha en junio pasado. A su inauguración asistió el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, quien, además de alabar las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Elche, insistió en la gran necesidad de este nuevo servicio.

Hasta la fecha, las visitas tuteladas se tenían que llevar a cabo en el punto de encuentro de Alicante, lo que no era posible siempre. De hecho, era muy frecuente que las entregas y recogidas de los menores se llevaran a cabo a través de traslados en vehículos policiales.

Imprescindible

El punto de encuentro de Elche, una iniciativa de la Fundación Salud Infantil, que gestiona también su funcionamiento, se ha estado manteniendo con el dinero que generan otros servicios de la fundación, tales como los de atención temprana y respiro familiar. Un taller de empleo lo nutrió de personal durante seis meses, aunque todos sus integrantes han seguido apoyando el servicio durante semanas de forma totalmente altruista.

La Conselleria de Justicia, a pesar de sus promesas, ha denegado siempre la ayuda económica al punto de encuentro. El último compromiso, adquirido por el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, fijó en 60.000 euros al mes la subvención.

El decano del Colegio de Procuradores, Lorenzo Christian Ruiz, no escondía ayer su preocupación por la situación que se puede crear con el cierre del servicio. «Consideramos lamentable la falta de financiación por parte de la Administración autonómica para un recurso que influye de forma muy positiva en la evitación de conflictos», aseguraba.

Ruiz añadía que «además del trabajo magnífico de apoyo que se está haciendo con los menores, el punto de encuentro ha evitado numerosas situaciones conflictivas». Ruiz está dispuesto a realizar cualquier gestión de apoyo pleno al mantenimiento del recurso.

Su homóloga, Mari Carmen Pérez Cascales, decana del Colegio de Abogados, se expresaba ayer en términos muy similares. «El punto de encuentro es un recurso totalmente imprescindible, con un funcionamiento perfecto y digno de alabanzas, loas que fueron realizadas hace tres semanas por la directora territorial de Justicia, Isabel Velayos Martínez, cuando visitó el punto de encuentro», precisaba.

Calificó de «muy nefasto» para las familias el cierre de las instalaciones, por la falta de dinero. Pérez Cascales, al igual que el decano de los Procuradores se mostró dispuesta a realizar cuantas gestiones resulten necesarias para el mantenimiento del servicio. Aseguró que iba a contactar telefónicamente con la directora territorial de Justicia para recabar su apoyo e intentar que Velayos interceda a nivel de la Conselleria de Justicia en aras al libramiento urgente de fondos. Además, la decana tenía previsto reunirse hoy con la directora del punto de encuentro, Evangelina Torres, para buscar soluciones.