Ni los refranes se pueden aplicar al Partido Popular de Elche. Ayer, por tercera vez desde enero estaba prevista la celebración del juicio por tres delitos de lesiones y otro de coacción supuestamente ocurridos el 22 de noviembre del 2004, con motivo de la elección de compromisarios para el congreso provincial del PP. Sin embargo, a la tercera no fue la vencida.

El juez tuvo que suspender de nuevo la vista. Esta vez fue por la incomparescencia de dos de las denunciantes, ambos pertenecientes al sector zaplanista, Marcelina Luna y Antonia Ortega. Los letrados de ambos presentaron veinticuatro horas antes del juicio sendos certificados médicos para demostrar la imposibilidad de sus patrocinados de acudir al juzgado. La vista ha sido señalada para el 31 de mayo. De producirse entonces un nuevo aplazamiento, el juicio ya tendría que celebrarse después del verano.

Uno de citados, afín a los zaplanistas, José Manuel Botella, que salió visiblemente contento de la sala, acusó directamente a Manuel Ortuño de querer «ser la vedette de esta fiesta» y de conseguir «estando en candelero» con el nuevo retraso. Insistió en que los aplazamientos sólo sirven para dar «un espectáculo lamentable» de su partido y de «la Política Local».

Manuel Ortuño dio también su interpretación del aplazamiento. Aseguró, refiriéndose a los zaplanistas, que «una vez más se ha entorpecido la labor de la Justicia», a la vez que bromeaba sobre el motivo de la indisposición de las dos denunciantes.

El magistrado acordó antes de la suspensión que un médico forense examine en las próximas horas a ambas mujeres para comprobar la veracidad de sus dolencias.

Ortuño insistió en que la estrategia de sus oponentes «consiste en alargar el proceso lo máximo posible», situación que según él «no es buena, por el espectáculo que se está dando».

Segunda declaración

Según Ortuño, que está denunciado al igual que uno de sus hijos, en la vista prevista para ayer se iba a aportar una segunda declaración realizada por la ex portavoz municipal del PP, en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, sobre lo sucedido en el enfrentamiento verbal y físico sucedido el 22 de noviembre del 2004. Aseguró que en su declaración Martín dejó claro que el secretario regional de Organización, Enrique Crespo, y Manuel Ortuño no impidieron la votación sino que otros «vinieron de Alicante con un censo manipulado». Acusó directamente a toda la cúpula provincial de su partido de dicha manipulación.

Volvió a explicar que la diferencia de 400 afiliados de más en el censo entregado antes de la votación, es totalmente contraria a los estatutos del PP. Reiteró que sólo podían votar los afiliados existentes el día de la convocatoria de las elecciones, es decir el 29 de octubre del 2004, fecha en que estas 400 personas no aparecían en los listados existentes en la sede central del PP, en Madrid.

Recogida de firmas

Afiliados del PP ilicitano han iniciado una recogida de firmas para solicitar a la Dirección General de su partido el cese inmediato del portavoz municipal popular, Emigdio Tormo.

La petición tiene que ver con la intervención realizada por el portavoz en la sesión plenaria del pasado lunes, en la que puso en duda la legitimidad de la proclamación de la II República así como su talante democrático.