El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, señaló ayer que la cesión de la gestión de los aeropuertos y puertos que hay en Cataluña a la Generalitat sería «un paso muy importante» para que la formación independentista decida finalmente aprobar el proyecto de Estatut. Puigcercós explicó que si el sistema de financiación queda como está, esta cesión de los aeropuertos y puertos sería «lo más importante que tendría este Estatuto en materia económica» porque tendría «más impacto económico» sobre Cataluña que los acuerdos alcanzados en financiación. Puigcercós consideró que en financiación, el acuerdo alcanzado entre el líder de CiU, Artur Mas, y el presidente del Gobierno está «muy cerrado» por lo que no espera modificaciones.

Recomponer puentes

Preguntado por la posibilidad de recomponer los puentes con el PSOE, dijo que «no se han roto nunca» recordó que «no sólo del Estatut vive el hombre». «Esquerra no va a dejar al PSOE a los pies del caballo del Partido Popular», partido que está «en las antípodas» de ERC, afirmó.

Por su parte, el PSOE dejó ayer claro a ERC que no habrá cambios en el modelo de financiación para Cataluña pactado con Convergència i Unió. Los socialistas hicieron valer el acuerdo alcanzado en La Moncloa por el presidnente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas y aprobaron un texto que, según el líder convergente, permitirá a la Generalitat recaudar más del 50% de los impuestos que se pagan en su territorio.

La plasmación definitiva de este pacto en la ponencia del Congreso que aborda la reforma del 'Estatut' deja a los republicanos con un escaso margen de maniobra y les aboca de forma casi determinante al voto negativo al conjunto del Estatuto en la última votación de las Cortes Generales.

Además, el secretario general de ERC defendió ayer la creación de una agencia tributaria propia que recaude todos los impuestos soportados en Cataluña, el compromiso de que en 15 años la capacidad financiera por habitante se equipará a la de las comunidades con concierto (País Vasco y Navarra) y la eliminación del tope de 8 años para equilibrar las inversiones del Estado en las autonomías.