La policía arrestó ayer en la isla de Gran Canaria a seis personas, entre ellas la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde, la popular María Antonia Torres González, acusada de corrupción por exigir comisiones a empresarios locales a cambio de la adjudicación de obras y servicios. En la operación, denominada 'Faicán', también fueron detenidos el interventor municipal y esposo de la concejal, Enrique Orts; su asesor en la Concejalía, Francisco Gordillo Suárez, y tres empresarios. El PP suspendió de cargo y de militancia a la edil detenida nada más conocer la noticia.

Los arrestos son fruto de una investigación que comenzó en julio de 2005 tras la denuncia de un empresario que acusó a la concejala de Obras Públicas de exigirle el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de una obra por cuya ejecución competía en concurso público. Durante sus pesquisas, los expertos descubrieron otras irregularidades en la actuación de la concejal Torres González y su equipo de confianza, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa.

Los empresarios arrestados son Antonio Nadal Moreno, responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra; Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado del anterior, y Felipe Ojeda Pérez, jefe de la compañía Felipe y Nicolás Ojeda Pérez. Sus empresas podrían haber sido favorecidas en la adjudicación de contratos millonarios, de obras o para la compra de materiales por el consistorio de Telde, el segundo mayor de la isla, a cambio de un porcentaje de las ganancias.

Los acusados fueron detenidos a las 7.30 de la mañana en sus domicilios por la agentes de la policía de Gran Canaria, reforzados por inspectores trasladados a propósito desde Madrid para esta operación. Los agentes registraron durante la mañana y la tarde sus viviendas y despachos en el ayuntamiento, a la busca de pruebas de estas presuntas irregularidades, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Telde.

El alcalde de Telde, Jorge Valido, también del PP, decidió destituir a Torres González tras conocer la noticia y asumir él mismo sus funciones. El presidente de los populares canarios, José Miguel Soria, afirmó estar «sorprendido» por las detenciones, que conoció a través de una llamada telefónica del delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, poco después de que se practicasen.

Suspensión

Soria contactó después con el responsable del PP en la isla, Miguel Jorge Blanco, y le pidió «que actuara tal y como se ha hecho en otras ocasiones de acuerdo a lo que el reglamento del partido predispone en estos casos». A su vez, Blanco llamó al responsale del Comité de Derechos y Garantías de su partido y le instó a suspender de forma cautelar de militancia a la edil.

Este es el segundo caso de corrupción en pocos días en el que se ven implicados altos cargos del PP canarios. El pasado 14 de febrero, Celso Perdomo, ex director general de Industria y Comercio del Gobierno insular, y Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y novia del anterior, fueron encarcelados acusados de cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias por irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público para la instalación de un parque eólico.