En la inauguración de la Jornada sobre Eficiencia Energética, organizada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el ministro de Industria, José Montilla, ha anunciado su intención de poner en marcha un plan de subvenciones a la compra -por las familias- de nuevos electrodomésticos con la condición de que sean más eficientes en el uso de energía. Este llamado Plan Renove -encuadrado en otro más amplio que cuenta con casi trescientos millones de euros, denominado Plan de Acción de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética- subvencionará con al menos 50 euros cada nuevo aparato de bajo consumo comprado. Y es que el gasto energético que realizan los hogares españoles, cuyo consumo en bienes duraderos se duplica cada diez años, crece imparable mientras que nuestra dependencia energética -sobre el 80%- es la más alta de la UE, con la factura que ello supone para el país.

En términos económicos, la energía es un bien de lujo, es decir, su demanda sube en mayor proporción que los incrementos de la renta. Así, ésta lo hizo un 3,5% en el pasado año mientras que la demanda de energía eléctrica aumentó en más del 4%; comparado, además, con el resto de la Unión Europea, el consumo español de energía no es precisamente eficiente: mientras el cociente entre gasto energético y Producto Interior Bruto ha estado bajando en la UE en los últimos veinte años, en España ha seguido el camino inverso. Razón por la que cualquier esfuerzo encaminado a mejorar la eficiencia ha de ser bien recibido. Ahora bien, cabe preguntarse si esta bienintencionada medida es la mejor solución, o si un sistema de incentivos a través de los precios fuese, quizá, más sugerente para los consumidores. En la decisión de compra de un electrodoméstico, el criterio del ahorro de energía sólo será importante si el precio de éste refleja su auténtica escasez. De la misma manera que los compradores de automóviles valoran el gasto futuro en combustible, los consumidores sabrían muy bien cómo elegir aparatos eficientes, por lo que el Ministerio de Industria podría facilitar el funcionamiento del mercado con otras medidas que no implicasen emplear el dinero de los contribuyentes. Como, por ejemplo, hacer una política más favorable a que se tiendan nuevas conexiones de la red eléctrica a través de los Pirineos, reabrir el debate de la energía nuclear o, simplemente, abstenerse de intervenir en las fusiones de empresas que ponen al sector en posiciones monopolistas y tratar, por el contrario, de facilitar el acceso a nuevos entrantes. Conceder a los usuarios un subsidio implica, además, otro nuevo incremento de gasto público y un proceso redistributivo de contribuyentes a usuarios cuya justificación fiscal -como la de casi todos los subsidios- parece poco clara. En definitiva, antes de recurrir a las arcas del Estado, el Gobierno debería intentar dejar a los compradores tomar sus propias decisiones en un mercado de energía realmente liberalizado y transparente.