No soy ni anti ni pro yanqui, quede esto claro para empezar. En realidad, las nacionalidades no entran en mis filias y mis fobias; que las tengo, para qué voy a engañarles. Sin embargo, me precio de conocer bastante bien las peculiaridades de muchas naciones del mundo, y muy especialmente las de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que he pasado -por acumulación de viajes- casi ocho años de mi vida. Parece obvio afirmar que, como todos los pueblos, los norteamericanos tienen sus cosas admirables y otras que no lo son tanto. No digo virtudes y defectos, pues ya sabemos cuán subjetivos son ambos conceptos, como se deduce fácilmente enfrentando, por ejemplo, los puntos de vista de una monja y una chica de alterne, un antropófago y su merienda o el señor Peces y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y, por descontado, los separatistas y los gobernantes con principios, vergüenza, dignidad y sentido del honor.

Como digo, las cosas que admiro de los yanquis son casi tantas como las que me desagradan. Y la palma entre las primeras se la lleva su respeto por el dinero de los contribuyentes, que roza lo reverencial. Hasta el punto de que, por ejemplo -según me contó una conocida que trabajaba en el Ayuntamiento de San Francisco- un empleado puede poner en serio peligro su puesto por el hecho de llevarse a casa un objeto que pertenezca a la administración; o sea, al contribuyente que paga por él. Por insignificante que sea, digamos un bolígrafo, una goma de borrar o un simple folio. Si esto es así, no digamos cuál es el cuidado con que se investiga, se controla, el patrimonio personal de los políticos, y el tamaño de la lupa bajo la que se analizan los cómos, los cuántos y los porqués de cada inversión realizada por los administradores con cada centavo aportado con el sudor y el sacrificio de los ciudadanos. Por esto, al Gobierno no se le suele llamar tal, sino Administración, todo un detalle a tener en cuenta.

El propio sistema hace prácticamente imposible que ningún individuo que no sea lo considerablemente rico como para -al menos teóricamente- estar a salvo de peligrosas tentaciones, piense en dedicarse a la política como medio de enriquecimiento rápido y eficaz. Y si alguno fuera lo suficientemente incauto como para proponérselo así -que algún caso se da, raramente pero se da- seguro que acabaría como inquilino de alguna penitenciaría, ocupando una celda estándar, que viene a ser la quinceava parte de la porquería de piso que la ministra Trujillo considera digno para una familia española. O sea.

Contrasta palmariamente todo lo anterior con el hecho suficientemente comprobado -aunque, desgraciadamente, pocas veces investigado y, por ende, admitido como normal- de que una lista casi interminable de personas llegadas a la política española con una mano delante y otra detrás, salgan de ella, si es que alguna vez lo hacen, lo suficientemente enriquecidos como para tener bien asegurado su porvenir. Cuando no el de varias generaciones de sus descendientes. No es cuestión de poner ejemplos, pues aunque sólo nos limitáramos a los cien últimos años de historia de España, no es que se nos quedaría mucha gente en el tintero, sino que quizás resultara escasa la producción de tinta.

Sin embargo, lo sorprendente no es que la clase política, teóricamente al servicio del pueblo, no demuestre ningún interés por acabar de una vez por todas con lo que parece ser una ley firmemente establecida; a fin de cuentas, ello supondría acribillar a pedradas el tejado que tan bien los cubre. Lo que, a mi juicio, resulta vergonzoso es la actitud conformista de los ciudadanos. Ese encogerse de hombros, ese admitir como borregos la normalidad de que se dilapide -cuando no se rapiñe descaradamente- el dinero que tanto sacrificio nos cuesta ganar. De verdad, no comprendo cómo se puede dar el voto a cualquier partido que no lleve en su programa la promesa de comenzar su andadura levantando las alfombras y barriendo hasta la última mota de polvo dejada por sus antecesores.