ETA juega a la ruleta rusa. El tópico, muy manido, fue utilizado el martes por el nacionalista Íñigo Urkullu poco después de que estallara, sin causar víctimas, la bomba adosada al Instituto Social de la Marina de Motrico. Era la segunda bomba que estallaba en Euskadi en menos de 24 horas, la quinta desde que Zapatero anunciara el «inicio del principio» del fin del terrorismo. El político del PNV se refería, obviamente, al riesgo de que en esa campaña abyecta de atentados sin muertes se produzca algún error y caiga fatalmente alguna víctima. En este caso, quienes alientan todavía la esperanza, para otros infundada, de que se produzca a corto o medio plazo un final dialogado de la violencia se verían definitivamente contradichos y frustrados.

La coyuntura actual, con los dos grandes partidos enzarzados en una descomunal guerra de desgaste en torno al terrorismo, es tan absurda que a veces parecería conveniente que ese juego de azar de ETA terminase dramáticamente: es terrible tener que efectuar esta clase de razonamientos, pero parece claro que un muerto sobre la mesa de la discordia pondría en evidencia a los contendientes y les obligaría a regresar al territorio de la lealtad democrática, la unidad y el sentido común. En cualquier caso, es muy triste constatar que, una vez más, ETA está marcando no sólo el calendario sino las pautas de la gran política española, y que en su mano está incluso graduar el tono de la confrontación entre PP y PSOE: a más bombas, más crispación. Los ciudadanos no deberíamos tolerarlo.

No tiene sentido explorar los móviles siempre inescrutables de ETA al practicar su actual estrategia de un terrorismo sin víctimas en un doble frente, contra objetivos institucionales y contra bienes de empresarios que se resisten a pagar el impuesto revolucionario. Pero sí es razonable reflexionar en este momento sobre la respuesta genérica que el Estado debería dar a los terroristas, pocos o muchos, que manifiestamente quieren demostrar que no se hallan tan postrados e impotentes como se asegura. Durante la vigencia del Pacto de Ajuria Enea -logrado por consenso amplísimo-, la oferta del régimen a ETA era clara: un final dialogado, que en aquel momento se resumía en el trueque paz por presos. Después, tras la firma del Pacto Antiterrorista y por las Libertades, el Estado negaba ya cualquier concesión y sólo cabía la rendición incondicional. Ahora, cuando ETA lleva más de mil días sin matar, la referencia es la resolución parlamentaria que, sin el apoyo del Partido Popular, restituye la posibilidad del final dialogado, aunque con la conciencia tácita de que este diálogo sólo podrá ser retórico: el grado de indignación de la sociedad civil, en que las victimas del terrorismo han adquirido saludable protagonismo, impediría que el Estado otorgara un trato magnánimo a los terroristas, especialmente a los condenados por delitos de sangre. Pero esta vía está claramente distorsionada por la ruptura de los puentes entre PP y PSOE.

Dicha ruptura no proviene -y esto es lo intolerable- de discrepancias ideológicas sobre la cuestión terrorista sino de la colosal enemistad que se profesan ambos partidos por razones simplemente relacionadas con la posesión del poder. Y ETA está explotando hábilmente esta ruptura. Sabe, porque es de pura lógica, que la secuencia de pequeñas bombas debilita a Zapatero -es decir, al presidente del Gobierno- en su inflamada disputa con Rajoy, con lo que saca a la luz las vísceras más turbias del propio Estado. Si PP y PSOE se mantuvieran férreamente unidos, la campaña etarra sería sencillamente absurda hasta para sus propios simpatizantes. En definitiva, la gran confrontación PP-PSOE no es inocua en absoluto. Y ello hace que las dos formaciones hayan de asumir una gravísima responsabilidad si deciden continuar por esa senda que la sociedad rechaza abiertamente: es sin duda mayor la irritación social que produce esta insufrible ruptura que la adhesión que suscitan las respectivas posiciones entre los seguidores de cada partido.

En suma, el grave disenso PP-PSOE, que auspicia la respuesta oportunista de ETA, aleja el desenlace del problema vasco, que por lo demás sí es unívoco y no admite interpretaciones de fondo. ETA sólo puede acabar verdaderamente -lo explicaba ayer muy pedagógicamente Florencio Domínguez en un buen artículo en la prensa catalana- el día en que sus activistas y su entorno lleguen al convencimiento de que nunca conseguirán por las armas los dos objetivos que justificaron el nacimiento de la organización terrorista: la unión de Euskadi con Navarra y la independencia del País Vasco. Y es muy difícil que eso suceda en tanto la grave confrontación PP-PSOE proporcione a los terroristas el aliviadero por el que proseguir su insensata huida hacia delante.