La capacidad de sorpresa de las personas debe ser ilimitada. Y debe serlo porque en caso contrario nunca podríamos estar preparados para entender las críticas que se hacen a proyectos e ideas que se ponen en marcha para mejorar las condiciones de vida.

El pasado sábado han aparecido en Prensa unos comunicados de un colectivo fuera de la provincia de Alicante respecto a los programas formativos -que no cursos como se les llama despectivamente-, puestos en marcha en Alicante en mayo del 2005 para combatir, desde el punto de vista de la prevención, la violencia de género. Lo que ocurre es que los contenidos de las críticas están fuera de la realidad respecto al programa que aplicamos en Alicante en la actualidad y lo está en tanto en cuanto no es posible que se conozca cuál es el desarrollo de estos programas porque nadie ha venido a verlos, nadie del colectivo que los ha criticado nos ha pedido información respecto a los avances y mejoras que hemos introducido y porque la crítica no responde a un conocimiento de lo que se está haciendo en Alicante.

Se ha dicho y exigido por el colectivo que es necesario «poner fin a modelos de tratamiento que favorecen la sensación de impunidad, bajo coste del delito, e inseguridad de las víctimas, en relación al programa puesto en marcha por la Audiencia Provincial de Alicante», que, según el comunicado, «contradice los más elementales criterios terapéuticos de eficacia».

No es posible efectuar esta afirmación por la sencilla razón de que nadie ha venido a presenciarlos, excepto algunos profesionales interesados en ellos, ni se ha dicho nada de las últimas modificaciones introducidas respecto al modelo con el que se trabajó en el 2004 y primer semestre del 2005, porque en Alicante sí que se sabe ya que estamos trabajando con grupos más reducidos y en combinación con los Servicios Sociales Penitenciarios.

En este sentido, se elabora por este servicio un plan individualizado y ya no existen grupos masificados como se critica en el comunicado al decir: «Nos parece muy difícil que 150 personas en una sala, después de recibir cuatro charlas de hora y media, sean capaces de recuperarse y reeditarse socialmente». Desde luego, lo correcto hubiera sido solicitar las modificaciones que se han introducido y conocer la realidad del programa de Alicante que gustosamente se hubiera remitido en lugar de emitir un comunicado exigiendo la clausura de un programa que cumple la previsión de la Ley Orgánica 1/2004, en virtud de la cual es obligatorio ponerlos en marcha en todo el país.

Lo que resulta descorazonador es que a quienes estamos aplicando la ley en este apartado se nos critique injustamente. Que a quienes desde el voluntariado estamos intentando proteger a las víctimas de los malos tratos se nos ponga en entredicho cuestionando la aplicación de unas medidas que deberían ponerse en marcha en todo el país. Se critica, incluso, que no se hayan puesto en marcha con profesionales cualificados cuando se está ejecutando por jueces, psicólogos, sociólogos, médicos forenses, juristas, etcétera. ¿Qué más se puede pedir a los que desde la mayor de las ilusiones quieren dignificar sus profesiones, proteger más a las mujeres y cumplir una ley? Se critica a quienes no se debe criticar. No se quieren elogios -que para eso no trabajamos-, pero tampoco críticas injustas y sin conocer la realidad ni la profesionalidad de quienes ejercen y ponen en marcha el programa, que no cursos, como se les mal llama.

Vicente Magro Servet es presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.