El Cuerpo Nacional de Policía ha informado a la Fiscalía de Alicante de que a lo largo de 2005 llevó a cabo 59 operaciones contra el crimen organizado en la provincia alicantina, de las que se derivaron 240 arrestos.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Romero, ofreció hoy estos datos a los medios de comunicación, si bien no cuantificó el número de grupos organizados sobre los que se realizaron las actuaciones policiales.
Romero explicó que, desde el punto de vista judicial, estos grupos deben cumplir requisitos como la "jerarquización de funciones" y la "permanencia", y precisó que actúan sobre todo en Torrevieja, Orihuela, Benidorm y Dénia.
Concretó que los delitos más cometidos por estos grupos son las detenciones ilegales, los de prostitución, los atracos a mano armada en viviendas y los relacionados con tráfico de drogas y de "mano de obra ilegal".
El fiscal jefe facilitó también datos sobre las diligencias judiciales abiertas en 2005 en relación con estos y con otros delitos, si bien matizó que no deben darse todos ellos por atribuidos al crimen organizado.
Así, el pasado año los juzgados alicantinos incoaron 50 diligencias por delitos contra los derechos de los trabajadores, 25 por detención ilegal, 22 por prostitución, 21 por tenencia ilícita de armas y una por depósito de armas o munición.
Igualmente, se registraron 89 diligencias por atentado a la autoridad, 35 por resistencia y 210 por desobediencia.
En el capítulo de delitos de falsificación, las diligencias incoadas por falsificación de moneda y de tarjetas de crédito ascendieron a 58.
A su vez, los delitos de falsificación fueron 285, de los cuales 236 estuvieron relacionados con documentos públicos, 21 con documentos mercantiles y 28 con documentos privados, mientras que hubo una usurpación de estado civil y tres delitos de intrusismo.
Las diligencias por delitos contra la propiedad intelectual fueron 123 y 79 contra la propiedad industrial, en tanto que se abrieron diligencias por cinco delitos contra la Hacienda pública y dos por blanqueo de capitales.
Las diligencias por delitos de impago de pensiones fueron 178 y cinco las relativas a prevaricación administrativa, al tiempo que se registraron ocho por delitos de malversación, una por delito de cohecho y seis por asociación ilícita.
Asimismo, se abrieron cinco diligencias por prevaricación judicial imprudente, 23 por acusación y denuncia falsa, 18 por falso testimonio, 9 por obstrucción de la justicia por incomparecencia y 346 por quebrantamiento de condena.
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