Según el secretario general del sindicato UTO-UGT, José Antonio Abellán, «en general se deniegan el 90% de las incapacidades que se solicitan». Para el sindicalista, el tribunal médico «valora las discapacidades por debajo» y «muchas veces deciden sin ver a la gente y sólo en base a la documentación». En la mayoría de casos sólo se consigue que se conceda la incapacidad absoluta después de múltiples recursos.

El primer grado de incapacidad es el parcial o temporal. Por encima está la incapacidad total para el trabajo habitual, aunque sí que se puede recurrir a otros empleos.

La incapacidad absoluta es aquella en la que se considera que una persona no es apta para trabajar, excepto en algunos casos en los que pueden desarrollar un empleo en la ONCE o en aquellos en los que desarrollar un oficio es recomendable como terapia.

Por encima de esta incapacidad está gran invalidez, en la que se considera que la persona no sólo no puede trabajar, sino que además precisa de terceras personas en su vida diaria.

También a la hora de conseguir los certificados de discapacidad se ponen trabas, señala José Antonio Abellán.