La difusión en la televisión australiana de una nueva serie de imágenes inéditas de supuestos prisioneros torturados en la cárcel iraquí de Abú Graib en plena crisis de las viñetas entre Occidente y el mundo musulmán ha vuelto a poner de manifiesto que no hay peor forma de combatir el terrorismo que desde fuera de los márgenes del Estado de Derecho. Aunque las fotografías fueron tomadas en 2003 en una cárcel y los responsables de aquellos hechos juzgados y condenados, el efecto que en el enrarecido contexto actual provocarán las imágenes de las torturas y humillaciones sexuales a las que fueron sometidos varios presos iraquíes no tardará demasiado en hacerse sentir en el actual clima de exasperación que se vive.

Tampoco las noticias que llegan referentes al limbo penitenciario de la base naval de Guantánamo, en Cuba, van a rendir mayores beneficios a la política antiterrorista de los Estados Unidos. La filtración en el diario de Los Angeles Times de las conclusiones del borrador de un informe de derechos humanos elaborado por cinco relatores de la ONU, en el que se concluye que el tratamiento que da Estados Unidos a los detenidos viola sus derechos a la salud física y mental y, en algunos casos, constituye incluso tortura, puede provocar una nueva convulsión de la esfera musulmana en el peor momento posible. Llegados al punto en el que Washington -y todo Occidente con él- se encuentra, de poco van a servir las explicaciones dadas por la Administración Bush negando categóricamente la práctica de semejantes métodos en sus instalaciones y recordando que ninguno de los cinco relatores ha pisado personalmente la prisión -los expertos de la ONU cancelaron una visita programada a finales del año pasado- o que el documento sea en realidad un simple borrador de informe. Al margen de que la enconada defensa realizada desde la Casa Blanca de que los allí retenidos no pueden invocar la Constitución estadounidense por tratarse de combatientes extranjeros choca sospechosamente con los desmentidos del portavoz del Departamento de Estado, lo de menos es ya hasta qué punto los prisioneros que han iniciado una huelga de hambre han sido aislados en celdas frías y alimentados forzosamente; o que estos lamentable hechos se hayan hecho públicos gracias a un derecho -el de la libertad de expresión- absolutamente desconocido en los países árabes. Washington no tardará mucho en darse cuenta de que uno de los mayores riesgos de ocultar lo que es del dominio público es la desinformación que inevitablemente se genera, y de la que los líderes islamistas van a hacer seguro una poderosa y eficaz bandera de enganche para su esquizofrénica causa. Mucha y vital información deberá haber obtenido la Administración Bush para que se compense la peligrosa fractura que Guantánamo y Abu Graib significan en las deterioradas relaciones con el Islam.