Una curiosa encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas revela que la sociedad española no es consciente de la alta siniestralidad vial ni del insoportable coste en vidas humanas de los accidentes de tráfico. Así, a la pregunta de cuántas personas murieron en las carreteras durante los diez primeros meses del 2005, el 24,6% respondió que menos de 500; el 42,3% que menos de 1.000...; y apenas el 16% aventuró que «de 1.000 a 3.000» o «más de 3.000». En realidad, fueron 2.814. Esta constatación empírica constata lo que ya se sabía: que la mayoría de los ciudadanos efectúa una más o menos involuntaria restricción mental al subirse al automóvil para no verse sobrecogido por el riesgo que corre. Lo grave del caso es que también las instituciones públicas incurren en la misma restricción mental. De lo contrario, algo más harían para contener una sangría que, además de demagogia y voluntarismo, demanda a gritos nuevas y onerosas inversiones para fortalecer la seguridad vial.