La Audiencia de Valencia ha decretado la nulidad de la actuación penal que se sigue contra Terra Mítica y otras 16 empresas por un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros y ha ordenado la devolución del expediente que originó las diligencias judiciales a la Agencia Tributaria. Según afirma un auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se ha producido la vulneración del derecho a la defensa de uno de los imputados, Francisco Escoto -gerente de Excavaciones Escoto-, a quien la Administración Tributaria no dio audiencia antes de trasladar la investigación al Ministerio Fiscal.

La omisión de dicho trámite «supone también que el Ministerio Fiscal ha valorado la posible existencia de delito sin haber oído a la parte interesada ni examinar las posibles pruebas que pudiera aportar, por lo que se le ha causado verdadera indefensión», por lo que se anula la actuación penal en relación a esta supuesta trama empresarial.

El 24 de noviembre un juzgado de Valencia dictó un auto en el que ordenaba la incoación de diligencias y la toma de declaración a 24 imputados por una supuesta trama para defraudar a Hacienda a través de diferentes empresas, entre ellas el citado parque de ocio. El empresario, que según fuentes del caso adeuda a la Administración unos 700.000 euros, presentó un recurso al entender que se había vulnerado su derecho a la defensa por no haber sido escuchado por la Agencia Tributaria antes de remitir el expediente a la Fiscalía.

Repetición

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Cabedo, admitió ayer que la anulación de la actuación penal «obligará a repetir» todo el proceso, y lamentó que la Agencia Tributaria no cumpliera el trámite que ha provocado la suspensión. Según explicó Cabedo, el auto «hay que acatarlo» porque «no tiene recurso», ya que la Agencia Tributaria «omitió la audiencia previa» al empresario antes de iniciar la vía penal, y al cual, en su opinión, «hubiese tenido que oír», ya que «era un camino necesario. Es un trámite legal que no sé por qué no se ha cumplido», señaló Cabedo, quien subrayó que la Fiscalía «da por bueno» lo que la Agencia Tributaria le envía, ya que «un organismo público goza de presunción de corrección y no ha sido el caso».

Durante el cumplimiento de este trámite y hasta la presentación de una nueva denuncia por parte del Ministerio Fiscal, podrían prescribir algunos de los delitos tributarios supuestamente cometidos entre el 2000 y el 2001, ya que su periodo de vigencia es de cinco años.

La finalidad de este trámite, según explicó, «tiene su correlación en el Código Penal» y en la posibilidad de «excusa absolutoria» recogida en el mismo, mediante la cual se puede saldar una deuda contraída con la Administración pública antes de que ésta inicie actuaciones penales.

Cabedo recordó que, cuando la Fiscalía recibió el expediente y formuló la denuncia -procedimiento que evita la prescripción-, algunos de los delitos estaban «muy próximos» a cumplir el citado periodo de cinco años. No obstante, el fiscal jefe apuntó que la nulidad decretada por la Audiencia de Valencia «sólo afecta en este caso a los delitos tributarios», ya que en el momento de resolver el recurso únicamente tenía datos sobre los mismos.

Cabedo indicó que durante la investigación iniciada a raíz de la denuncia «podrían haber surgido» otros delitos diferentes a los apuntados en el expediente de la Agencia Tributaria, por lo que el auto podría tener «unas consecuencias más allá» de las que establece.

«Responsabilidades»

El portavoz de Grandes Proyectos para la Generalitat del grupo socialista en las Cortes Valencianas, José Camarasa, exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que abra una investigación sobre las «responsabilidades políticas» en Terra Mítica, para saber «qué se ha hecho con el dinero público». A su juicio, con independencia del trámite judicial, existen «responsabilidades políticas que todavía no se han hecho públicas» y «lo más grave de todo» es la actitud «escapista» de Camps, pues «mira hacia otro lado cuando siempre ha sido consciente y ha participado en las decisiones que se han ido tomando en este asunto». Camarasa dijo confiar en la Justicia para llegar al esclarecimiento de los hechos y «detectar a qué bolsillos o a qué oscuras alcantarillas ha ido a parar todo el dinero de los ciudadanos de esta Comunidad».

Suspensión de pagos

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer que sólo quedan «flecos» para posibilitar el levantamiento de la suspensión de pagos en el parque temático de Benidorm Terra Mítica y anunció que el acuerdo también garantizará financieramente el parque los próximos cuatro ó cinco años. Dijo que desconoce las novedades en torno a la nulidad de la actuación penal que se sigue contra Terra Mítica y otras 16 empresas por un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros, y señaló que ese tipo de cuestiones es «menos importante». En su opinión, «si alguien incumple la legislación fiscal tendrá que pagar y hacer frente a la multa», pero consideró que se eleva «a categoría de importante lo que es algo absolutamente anecdótico».