La Asociación de Fiscales exigió ayer la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o que le destituya el Gobierno, «porque su continuidad al frente del ministerio fiscal», tras obligar a Eduardo Fungairiño a renunciar a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «sólo perjudica la imagen» de los fiscales «ante los ciudadanos».

La citada asociación, que califica de «sectaria» la política de nombramientos y destituciones llabada a cabo por el fiscal general del Estado, afirma que la carrera fiscal lleva sufriendo esta actitud «desde hace algo más de año y medio» y que el caso de Fungairiño «es sólo una muestra más».

Politización

En un comunicado, los fiscales señalan que los criterios de «reequilibrio ideológico», «sintonía personal», «lealtad» y confianza personal, esgrimidos por Cándido Conde-Pumpido para justificar el relevo de Fungairiño, «son incompatibles con los principios de mérito y capacidad reconocidos en la Constitución» e «introducen la politización de la carrera profesional», con la consecuente pérdida de «autonomía funcional respecto de los otros poderes del Estado», lo que pone en riesgo la seguridad jurídica para los ciudadanos y para los propios fiscales», señalan el el escrito.