Si es cierta la interpretación mediática que se ha hecho de la dimisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fungairiño, habrá que creer que este relevo se debe a la incompatibilidad política, que viene de lejos, entre el fiscal general del Estado, un cargo de confianza del Gobierno según la legislación vigente, y un fiscal manifiestamente afín a las tesis y a las estrategias del Partido Popular en lo referente a la lucha antiterrorista y a otras cuestiones. Conforme al modelo vigente, en que la cabeza del Ministerio Público es designada libremente por el Ejecutivo, lo ocurrido parece perfectamente normal, y no hace más que dar continuidad a una situación que se mantiene a lo largo de las sucesivas legislaturas. Aunque de nuevo habría que preguntarse si es cabal que las cosas sean de este modo o si convendría impulsar alguna de las reformas que se han sugerido, siempre ideadas por partidos que se encuentran en la oposición y que se olvidan de ellas cuando llegan al poder. De cualquier modo, episodios como el que merece este comentario no contribuyen precisamente a prestigiar al sistema judicial, ya muy desacreditado.