La historia se repite. Todavía no había comenzado el segundo juicio por el motín de Fontcalent cuando el letrado de uno de los cabecillas de la revuelta anunciaba que volverá a pedir la nulidad de la vista oral al considerar que se estaba vulnerando el derecho de defensa. Según el abogado, Enrique Botella, el exceso de las medidas de seguridad no sólo le impedían hablar con su cliente de forma reservada, sino que eran claro indicativo de que la sala ya había prejuzgado a los acusados al considerarlos «altamente peligrosos».

El incidente tenía lugar al querer el abogado hablar con Cortés Escobedo de forma reservada e impedírselo un agente, poco antes de iniciarse la vista oral. «No puedo hablar con mi cliente porque me lo impide un policía. Esto puede ser causa de una segunda nulidad», estalló Enrique Botella, letrado que lideró la solicitud de nulidad de la vista celebrada en el 2002 porque los procesados habían declarado por videoconferencia.

La advertencia no cayó en saco roto. Una vez iniciada la vista, y tras haberse preguntado a los acusados si admitían los hechos, el presidente de la sala concedía a los letrados cinco minutos para que pudieran acercarse a sus clientes y explicarles con detenimientos «las modificaciones realizadas en el escrito de acusación», ya que a los procesados no se les juzgará esta vez por aquellos delitos de los que quedaron absueltos en el primer juicio. El ponente, Daniel Mira Perceval, pedía también a los agentes que escoltaban a los procesados que se retiraran un poco si lo solicitaban los letrados para preservar la intimidad de la conversación.

La conversación de Enrique Botella con su cliente, Cortés Escobedo, fue breve. Tras un corto comentario, el letrado aprovechó su tiempo para organizar una rueda de prensa improvisada en plena sala de vistas. «Voy a pedir la nulidad porque se vulneran los derechos procesales. Yo debo poder hablar con mi cliente siempre que quiera, sin que un policía se meta en la conversación». El acusado, además, «llegó a la cárcel de Villena el pasado miércoles y sólo he podido visitarlo una vez».

En cuanto a las medidas de seguridad, el letrado consideraba «desmesurada» la presencia de una veintena de policías en la sala. «Voy a pedir al decano de Colegios de Abogados que asista a este juicio», señalaba Botella. «Se va contra el principio de audiencia pública, porque hay más policías que público. ¿Se les juzga por unos hechos que ocurrieron hace 15 años o por lo peligrosos que son?», preguntaba.

A la protesta de Enrique Botella se unían el resto de letrados durante las cuestiones preliminares. Todos los abogados alegaron la existencia de dilaciones indebidas en el proceso, la prescripción de los intentos de fuga, la vulneración del derecho de defensa al existir pocas posibilidades de comunicación con sus clientes y los obstáculos que las medidas de seguridad suponían para que el juicio fuera en audiencia pública

Los abogados coincidieron al calificar las medidas de seguridad de «desmesuradas». Enrique Botella señaló que se había restringido el acceso a la sala «a los propios letrados y al público en general», ya que había que «identificarse y pasar por el detector de metales». Por su parte, el letrado del cabecilla Juan José Garfia pidió que se quitaran las esposas a los procesados, ya que éstos habían sido engrilletados con las manos vueltas hacia arriba. Aunque la Policía desestimó retirarlas, sí que modificaron la forma de sujeción para que los encausados no estuvieran molestos.

Para Enrique Botella, la presencia de un policía sentado al lado de cada acusado preso tenía un efecto coercitivo a la hora de hablar los encausados. Por último, el letrado consideró que «existe una predisposición de la sala» contra los procesados al presuponer su peligrosidad de antemano.

Por su parte, el presidente del tribunal, Daniel Mira Perceval, señaló a los abogados que el propio fiscal había admitido la existencia de dilaciones indebidas, aunque sería la sala la que debía valorar la intensidad de las mismas. En la sentencia anulada por el Supremo, ya se reconocía como un atenuante los retrasos en el proceso.

Despliegue de medios

Aunque estaba previsto que el juicio comenzará a las diez de la mañana, el fuerte despliegue policial, con más de 50 agentes, y de medios de comunicación provocó un retraso de casi una hora. Para garantizar la seguridad, la Conselleria de Justicia colocó dos arcos detectores de metales y un escáner para franquear los accesos a la sala. Por uno pasó el público y por el otro lo harán los testigos.

Para el traslado de los presos desde prisión se cerró la circulación en la calle que flanquea el Palacio de Justicia de Pardo Gimeno. Los procesados entraron en la sala de uno en uno, fuertemente escoltados por la Policía. De los 13 encausados, nueve se encontraban presos, tres en libertad y uno no compareció al estar ilocalizable.

La mitad de la sala se habilitó para acoger a los procesados, separada de la zona destinada al público por una cinta policial. Repartidos entre 96 butacas, cada uno de los nueve presos estuvo flanqueado por un agente, mientras que el resto del operativo se repartía por los pasillos. Fuera las fuerzas del orden restringían el acceso. De hecho, hubo periodistas que salieron y no pudieron volver a entrar.

Dentro de la sala, el ambiente fue más relajado de lo habitual entre los encausados a un juicio. Los acusados se hicieron señas entre ellos, salieron al baño escoltados por la Policía e incluso levantaron la voz en medio del juicio para decir que tenían hambre y que querían un cigarrillo. Mira Perceval señaló que fumar «está ahora prohibidísimo», ante lo que el preso pidió «un parche de nicotina».