La mala calidad general del debate político se vuelve a veces estridente y preocupante. Así, en los forcejeos en torno a la redacción del futuro Estatuto de Cataluña destaca la enconada querella sobre el uso o no de la palabra nación en el preámbulo o en el articulado, cuando es notorio que apenas si existe distancia semántica entre nación y nacionalidad -ésta sí consagrada constitucionalmente- y que aquel término, tan polisémico, está tan desgastado que aparece cargado de ambigüedades inofensivas. En cualquier caso, nadie en las esferas intelectuales reconocidas vincula ya estrecha e indisolublemente nación y Estado, ni por lo tanto lo ancla al concepto de soberanía.

Otra cosa sucede con el llamado blindaje de las competencias exclusivas, término con el que se quiere expresar que éstas no quedarían sometidas al imperium de las leyes estatales. Cualquier mediano conocedor del Derecho entenderá que lo que reclaman los partidarios de tal blindaje es una parcela de soberanía, la suficiente para que el Estado pierda la suya en determinados ámbitos. Y eso sí que es perfectamente inconstitucional.

De donde se infiere que, si seguimos preocupándonos de lo intrascendente y pasando de puntillas sobre lo relevante podemos recorrer con gran facilidad el anchuroso camino que media entre la mediocridad estatutaria y la más absoluta miseria constitucional.