«Estamos deshechos. No es fácil perder a una hija, la única que tienes, y que sea tan lejos de tu casa y de una forma tan torpe». Son palabras de Javier Eduardo Gutiérrez, compañero sentimental, portavoz y representante de Mary Ortega, madre de la niña fallecida. En conversación telefónica con este diario, desde la boliviana ciudad de Tarija, el hombre asegura que «vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para que se sepa toda la verdad de lo sucedido; y no va a ser problema el dinero, sino el tiempo».
Gutiérrez anuncia que la madre ha decidido otorgar poderes legales al padre «para que actúe en nuestro nombre», al tiempo que asegura que van a estudiar si encargan a la Asociación de Defensa del Paciente la representación legal del caso. «Además, tampoco vamos a hacer más hincapié en cómo salieron padre e hija de nuestro país y llegaron a España. Ya sólo nos interesa que se esclarezca lo sucedido. ¿Cómo es posible que muera una niña tras un tratamiento de ortodoncia? Pondremos todo de nuestra parte para saber la verdad. Nosotros creemos que existen responsabilidades porque hubo negligencia médica por una práctica profesional no adecuada. Estamos en consultas con la Cancillería, con varios expertos en Derecho Internacional y averiguando los tratados en vigor con España para actuar en consecuencia», señala Gutiérrez, que muestra su asombro por lo sucedido y se pregunta si acaso habrá intereses ocultos que tapar.
«Vamos a reclamar el cuerpo de la niña e intentaremos repatriarlo para que reciba sepultura en Bolivia. Además, su madre podría viajar a España, si fuese necesario. Hay muchos interrogantes aún sin desvelar. ¿Por qué no conocemos la autopsia todavía? ¿qué pone el certificado de defunción?...» son algunas de las incógnitas que plantea tras arremeter contra la eficacia de la Administración española e incluso poner en solfa a los medios de comunicación «porque no están diciendo la verdad; ustedes deben empeñarse en llegar al fondo de la cuestión y contar todo lo que pasó con la niña».
Por último Javier Eduardo Gutiérrez asegura también que ignoraban que hubiese una familia española, residente en Elda, interesada en adoptar a la niña y que cuando, hace unos dos años, padre e hija se marcharon de casa «fueron a Santa Cruz, otro departamento boliviano, y luego suponemos que irían a España. Pero eso no es lo que importa ahora, sino investigar para hallar a los responsables de esta muerte».