La cuestión estatutaria catalana tiene evidentemente dos grandes aspectos que, aunque convergentes, son bien distintos intelectual y políticamente: de un lado, las fuerzas catalanistas -que en realidad y en teoría son todas las parlamentarias, incluido el PP- reclaman físicamente más autogobierno, más capacidad de autodeterminación; de otro lado, las formaciones nacionalistas exigen además un reforzamiento de la identidad de Cataluña, que habría de lograrse mediante el reconocimiento de las singularidades étnicas, la lengua en primer lugar. Aquellas pretensiones pueden entenderse democráticamente y, en principio, han de dar lugar a acuerdos relativamente fáciles; estas segundas -hay que decirlo claro- pertenecen a un imaginario particularista muy difícilmente abarcable desde una perspectiva liberal, moderna y democrática.

En el capítulo de las reclamaciones étnicas se encuentra la inequívoca aspiración de un sector -al menos- del nacionalismo catalán que pretende desfigurar el esquema bilingüe que la Constitución consagra para dar primacía al catalán sobre el castellano y acabar arrinconando a la lengua estatal en la comunidad autónoma. De entrada, en la negociación estatutaria ERC y CiU pretenden establecer el deber de conocer el catalán en Cataluña, en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, que reconoce la oficialidad de la lengua vernácula catalana, pero que reserva dicha obligatoriedad al castellano.

La lengua catalana fue, como se sabe, proscrita por el régimen anterior, aunque nunca dejó de ser utilizada como lengua materna por la inmensa mayoría de los catalanes. Su uso culto, literario, académico y oficial, que ya comenzó a manifestarse en los últimos tiempos de la dictadura, alcanzó gozosa plenitud al sobrevenir las libertades democráticas. En todo caso, y en buena medida por la gran proximidad filológica entre el catalán y el castellano, nunca ha existido un verdadero problema lingüístico en Cataluña... hasta que, en virtud de unas normas inequívocamente autoritarias, la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat ha impulsado una campaña represiva, que incluye la incitación a la denuncia anónima, contra las violaciones del reglamento vigente que obliga a los comerciantes y fabricantes a rotular en catalán.

La deriva del bilingüismo -una realidad afirmada espontáneamente y sin duda enriquecedora para la sociedad catalana- hacia la hegemonía del catalán sería disparatada, no sólo porque crearía una compartimentación inaceptable del Estado y de sus distintas administraciones sino también porque supondría un empobrecimiento cultural grave. La sola hipótesis de que tal cosa pueda ocurrir, avalada por los excesos que se advierten en la administración catalana y por las agresiones (de momento verbales) que reciben los grupos que denuncian la involución, ha provocado potentes reacciones, algunas desafortunadas -la intervención del general Mena o el dislate folklórico del presidente del Consejo General del Poder Judicial-, otras muchas sensatas y razonables. Ayer mismo se conocía que Defensa impartía instrucciones a la cúpula militar para que «los Ejércitos de España» utilicen «siempre el castellano»... La medida, justificada con argumentos de eficacia, tiene en estos momentos evidente significado político, por la coyuntura y por venir de quien viene.

Rodríguez Zapatero ha asegurado en público que no cambiará la situación lingüística en Cataluña en virtud del nuevo estatuto, pero las presiones del nacionalismo son fuertes. El asunto no es dramático pero tampoco banal y, desde luego, se cometería un tremendo e irreparable error si, con el argumento de que en algo hay que ceder, se optara por hacer concesiones en esta materia intangible a cambio de mantener reparos en asuntos más onerosos y concretos (la financiación, por ejemplo).

En la extensión natural de la lengua española a toda la nación se cifra, además de la existencia de una herramienta necesaria para entendernos, una determinada idea de España que trasciende de su sistema específico de organización y que va a la médula ontológica del propio concepto. Las lenguas españolas habladas en las nacionalidades históricas y en otras que no reclaman tal título son, como dice la Carta Magna, «un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», pero de ninguna manera puede consentirse que se conviertan, por mano de fanáticos, en armas agresivas que se enarbolen contra el idioma común, cuyo valor no es necesario enfatizar. Las lenguas -todas ellas- son la obra de la inteligencia humana que sirve para la comunicación y la socialización de las personas; verlas de otro modo es ceder a aberrantes rivalidades étnicas, cuya historia reciente ha ensangrentado a Europa.