La Verdad

La Comunitat rechaza el primer gran pacto del Gobierno de Rajoy con el PSOE

Cristóbal Montoro, junto a Soraya Sáenz de Santamaría, ayer antes del inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Cristóbal Montoro, junto a Soraya Sáenz de Santamaría, ayer antes del inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / EFE
  • El Consell vota en contra de dejar el límite de déficit de las autonomías en el 0,6%, margen que la gestora socialista había acordado con los barones territoriales

No fue una gran sorpresa porque el PSOE ya había anunciado hacía semanas su disposición a negociar la senda de consolidación fiscal que el Ejecutivo debe llevar cada año al Congreso junto al techo de gasto de los Presupuestos. Pero eso no rebaja el impacto del primer gran pacto sellado entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición desde la investidura de Mariano Rajoy. Si nada se tuerce, el 15 de diciembre el grupo parlamentario socialista votará 'sí' a los objetivos de déficit y deuda para el próximo año. Una decisión que amenaza con volver a agitar su patio interno y le convertirá en el blanco de las críticas por parte de Podemos.

Pero el cable al Ejecutivo para no bloquear el trámite previo a la aprobación de las cuentas públicas no saldrá, aún así, gratis al PP. Ese es al menos el relato de los socialistas que hoy se esforzaron en exhibir sus condiciones, unas horas antes de que las comunidades autónomas se reunieran con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero no solo el PSOE sacó pecho, el Gobierno también mostró su satisfacción por «la nueva etapa», en palabras de Montoro, que se abre y que puede ser «una oportunidad» para recuperar consensos perdidos desde hace muchos años.

La primera exigencia socialista era que, dado que Bruselas concedió en verano a España un punto más de déficit para el año próximo, se permitiera a las autonomías alcanzar en 2017 el mismo margen que en 2016, esto es, un 0,7% o en su defecto un 0,6%, en lugar del 0,5% propuesto por Montoro, siempre y cuando la décima perdida fuera a tapar el agujero de la Seguridad Social. El argumento era que las autonomías son las prestadoras de servicios sociales (Sanidad, Educación, Dependencia...) de modo que la mejora, dicen, permite destinar más dinero a políticas fundamentales para el bienestar de los ciudadanos.

En realidad, la tesis es cierta para autonomías como Andalucía, pero no para otras como la Comunitat Valenciana o Baleares que arrastran un déficit muy elevado desde la época en la que estaban gobernadas por el PP, y llevan años siendo incapaces de cumplir la senda de consolidación pactada con Bruselas.

Ambas votaron, de hecho, en contra del acuerdo del Consejo que al final fijó el objetivo de déficit en el 0,6% del PIB.

El Consell, tal y como explicó su responsable de Hacienda, Vicent Soler, considera que el nuevo techo aprobado es «poco creíble», sobre todo porque la exigencia de la Generalitat Valenciana es contar con un límite del 1,4%, ocho décimas más que el acordado ayer.

El aumento del margen de gasto del 0,5 al 0,6% apenas supone 100 millones de euros para la Comunitat, una cantidad que el Consell considera absolutamente insuficiente.

La posición de la Comunitat Valenciana y de Baleares, según avanzaron anoche fuentes de la gestora, no altera, sin embargo, el plan de dejar pasar el techo de gasto en el Congreso. «Es que son gobiernos de coalición», argumentaron. De hecho, la gestora socialista había pactado el nuevo margen de déficit con los barones territoriales que gobiernan en solitario.

Otra condición del PSOE, según su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, era la de que se permitiera a los ayuntamientos que han alcanzado superávit, como Madrid, destinarlo a servicios y no a amortización de deuda como exige la regla de gasto. La Comisión Nacional de las Administraciones Locales, que reúne a Ejecutivo y municipios, ya acordó el miércoles crear una comisión para revisar ese asunto.

Ajuste 'no social'

Hernando también defendió que el ajuste fiscal que exige la UE, al menos 5.500 millones de euros, se realice fundamentalmente vía aumento de ingresos y no mediante recortes. Eso significa un aumento de la recaudación centrado «al 90%» en el Impuesto de Sociedades -«queremos que se revierta el regalo fiscal que se hizo a los grandes patrimonios, las grandes fortunas y las rentas elevadas al final de la legislatura pasada», esgrimió- y, en menor medida, en los tributos especiales del alcohol, tabaco y bebidas azucaradas.

Montoro ya anunció el miércoles que serán justamente esos los impuestos que tocará; aunque no está claro cuál será el peso específico de cada uno en los ingresos.

El plato fuerte para el PSOE, en todo caso, es una subida inmediata del 8% del Salario Mínimo Interprofesional, situado en 655,20 euros al mes, (o sea, una mejora de 52,40 euros hasta los 707,60). El Gobierno se lo comunicó hoy mismo por la tarde a los sindicatos.

Con todo eso, el Ejecutivo tiene prácticamente garantizado que los socialistas se abstengan o apoyen el paquete de medidas que incluirá el techo de gasto. Era difícil que lo hicieran con otro partido porque ni Ciudadanos (que no tiene gobiernos autonómicos) ni el PNV (el País Vasco tiene régimen fiscal propio) se sienten tan concernidos por el reparto realizado en el Consejo Fiscal. Ahora bien, el PSOE insiste en que nada tiene que ver este pacto con los Presupuestos, para los que el PP pretende contar con los nacionalistas vascos, con los que ahora mantiene buena sintonía.

Equilibrio

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, consideró que el acuerdo sobre el déficit autonómico alcanzado supone un «equilibrio entre convencer y ser convencido», algo que, en su opinión, predominará esta legislatura. Montoro defendió que «esta legislatura va a ser definida sobre esos parámetros» de negociación, lo que constituye una «oportunidad» para «entenderse» con el resto de gobiernos autonómicos y locales.

Montoro recordó que la propuesta inicial del Gobierno era que el déficit de las autonomías no superara el 0,5 % del PIB el próximo año, cuando finalmente se ha acordado elevarlo hasta el 0,6 %. «Creo que podemos llegar a la conclusión de que ha sido un equilibrio entre convencer y ser convencido».

Montoro dijo que el Consejo de Ministros abordará hoy la distribución entre administraciones del objetivo de déficit público de 2017, pactado con Bruselas en el 3,1 % -las comunidades autónomas tienen un 0,6 % y los ayuntamientos, estabilidad presupuestaria, mientras que el resto se repartirá entre Estado y Seguridad Social-. «Ha habido bastante acuerdo de fondo» en la reunión, dijo Montoro, sin «enfrentamientos o choques», al tiempo que ha recordado que solo tres comunidades han votado en contra. Asimismo, insistió en que el cumplimiento de los objetivos de déficit es «fundamental para la credibilidad de España» y para «afianzar la recuperación de la economía».