La Verdad

El hermano de Castedo continúa como imputado en la pieza sobre supuestas irregularidades en el PGOU

  • La Audiencia Provincial argumenta que la petición de sobreseimiento es «prematura», aunque la instrucción «se extiende más de lo deseable»

La Audiencia Provincial ha rechazado sobreseer la investigación a José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo, en la causa en que el juzgado de Instrucción número 5 investiga supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, pieza separada del 'caso Brugal'. La misma decisión la adopta con Francisco Javier Gutiérrez, colaborador externo en la redacción del PGOU y socio de José Luis en la firma Salvetti abogados. La sala rechaza los recursos de ambos contra la resolución del instructor de la causa, Manrique Tejada, de sobreseer la investigación sobre ambos. En su auto, el tribunal argumenta que la petición de archivo resulta prematura, aunque considera que la instrucción se prolonga en un tiempo «que se extiende más de lo deseable».

Los apelantes habían argumentado falta de motivación de la resolución que les generaba indefensión e inexistencia de indicios que vincularan a Gutiérrez y sus empresas al equipo redactor del Plan y que ambos hubieran formulado y contestado al mismo tiempo alegaciones al PGOU. Sin embargo, la sala señala que la decisión de sobreseer las actuaciones es «prerrogativa» del instructor; que la existencia de indicios que justifican la admisión de la denuncia provocan la necesidad de desplegar una actuación instructora de comprobación de los hechos y su relevancia criminal y que solo cuando los indicios aparezcan «palmariamente infundados» se podrá cerrar la instrucción mediante el sobreseimiento, sin que sea posible cuando esos indicios conserven una «cierta consistencia».

Asimismo, añade que la instrucción deberá de ser «completa» con los elementos incriminatorios y exculpatorios que sirvan para decidir si continúa la causa y que el momento adecuado para valorar los indicios suficientes de criminalidad es el auto de incoación de procedimiento abreviado. Así, considera que la motivación del magistrado sobre la suficiencia y vigencia de los indicios iniciales «debe reputarse motivación suficiente, sobre todo si lo que se pretende hacer valer en contra de tales indicios no son elementos contundentes y contrastados, sino una interesada valoración de las diligencias de prueba llevados a cabo en la instrucción».

Por otro lado, se afirma que la relación con las empresas de Ramón Salvador «se ha puesto de manifiesto a través del análisis de la facturación obrante en los ordenadores de los investigados y mediante la inferencia de unas conversaciones de aquél con el empresario Enrique Ortiz».