La Audiencia Nacional ha solicitado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que remita al juzgado un listado con los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la entidad entre 2001 y 2011, según una providencia dictada el pasado 9 de mayo.
"Líbrese de oficio a la CAM a fin de que sea remitida certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y retribuciones durante el periodo 2001-2011", según la providencia dictada por el juez Eloy Velasco, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska.
Además, el magistrado encomienda a la Unidad de Apoyo de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la labor de "ejecución" de la orden.
Según fuentes jurídicas, esta petición de nombres supone el primer paso para que los directivos de la entidad alicantina sean llamados a declarar como testigos o imputados por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión.
Estas diligencias de investigación las asumirá previsiblemente el juez Javier Gómez Bermúdez en junio, después de su nombramiento como titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional en sustitución de Grande-Marlaska, que pasa a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que supone un intercambio de cargos entre ambos.
El pasado mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.
En marzo, el juez admitió la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la entidad, representados también por De Ramón, que denuncian la presunta estafa sufrida por la adquisición de productos financieros como las cuotas participativas o las participaciones preferentes, entre otros.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
En los informes emitidos por el Banco de España y los administradores del FROB se describen numerosas irragularidades, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En marzo de 2011, los gestores de la CAM comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a Amorós (directora entre noviembre de 2010 y agosto de 2011) por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
