El hombre procesado por, presuntamente, agredir sexualmente en dos ocasiones a su esposa, discapacitada psíquica y física, ha asegurado hoy al tribunal de Alicante que le juzga que esas relaciones fueron consentidas.
Para el procesado, Pedro G.S., la fiscalía pide al inicio del juicio 21 años de cárcel, diez por cada uno de los dos supuestos casos de agresión sexual y uno más por malos tratos psíquicos en el ámbito familiar hacia la víctima, con la que tiene un hijo de 4 años y quien padece una parálisis cerebral parcial, inteligencia límite y un grado de minusvalía física del 65 por ciento.
El ministerio público considera que este hombre vejó y despreció entre septiembre de 2007 (seis meses de la boda) y marzo de 2009 a la mujer en el domicilio conyugal de Torrevieja.
Además, que en dos ocasiones, agosto de 2008 y enero de 2009, ejerció su fuerza física para tratar de penetrarla analmente, aunque la resistencia de la víctima en ambos casos hizo que finalmente lo hiciera por la vía vaginal, sin consentimiento.
En la vista oral, el procesado ha afirmado que "a ella le gustaba" mantener ese tipo de relaciones sexuales, en las que ha admitido que le tapaba la boca y cogía del pelo, y ha agregado que, en contra de lo que se le acusa, "nunca" la ha insultado o vejado.
Sí ha reconocido que, una vez surgidos los problemas de pareja, en una ocasión le amenazó con quedarse con el hijo en común, y ha añadido que una vez que le impusieron la orden de alejamiento ella le telefoneó en varias ocasiones para mantener relaciones sexuales.
Por el contrario, la víctima, S.F.G.B., ha enfatizado que los dos casos denunciados de violación fueron consumados por la fuerza aprovechando que no puede mover una de las manos, y ha apuntado que en el primero de ellos estaba embarazada de ocho meses de gestación.
Ha relatado que tanto en esos episodios como en otras ocasiones de la vida familiar, el hombre le insultaba con términos como "chacha, inútil, vaga o puta", y ha opinado que su exmarido tiene "dos caras", de las cuales "la mala es la de casa".
Esta mujer también ha indicado que el domicilio conyugal es propiedad de sus padres y que, además, el procesado trabajaba en el negocio familiar de éstos últimos.
A preguntas de la abogada defensora, esta mujer ha indicado que tras las dos agresiones sexuales y de que le echara de casa, consintió en mantener relaciones con el procesado a raíz de las llamadas telefónicas de éste porque en el fondo sigue "enamorada" pese a que le ha hecho "mucho daño".
