El dueño del pub de Alicante que echó a un grupo de trece jóvenes con síndrome de Down cuando pretendían tomar una consumición ha sido citado para declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de discriminación por razón de minusvalía.
Fuentes judiciales han informado de que el propietario del pub "Basic" será interrogado como imputado el próximo 1 de diciembre por el titular del juzgado número 5 de la ciudad, por lo que deberá de ir acompañado por su abogado.
Además del dueño del pub, han sido citados para el mismo día como testigos los dos monitores que acompañaban al grupo de jóvenes (todos mayores de edad y edades entre los 20 y 30 años), así como la presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Alicante, María Victoria Llano, colectivo que organizó la salida nocturna.
Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 6 de noviembre cuando los jóvenes participaban en la actividad programada con el permiso de los padres, que incluía una cena y una posterior salida por alguno de los locales de ocio del casco antiguo.
Tras la cena, el grupo decidió tomarse una consumición en el pub Basic, situado en la céntrica plaza de San Cristóbal, a donde llegaron sobre las 23.15 horas.
Sin embargo, al entrar el responsable del establecimiento les preguntó si se iban a quedar mucho, y al contestarle que tenían intención de estar un rato, el dueño indicó a los monitores que acompañaban a los jóvenes que "no es por discriminar pero se tienen que ir".
Para evitar problemas mayores y que todo el grupo se enterara y estropear la velada, los monitores decidieron marcharse y entrar en otro pub, donde esta vez sí les atendieron hasta poco antes de la 1 de la madrugada cuando, como estaba previsto, los jóvenes fueron recogidos por sus familiares cerca del Mercado Central.
Tres días después, la asociación remitió al ministerio público una denuncia con lo acontecido, que sirvió para que el fiscal solicitara a la Policía que abriera una investigación.
La fiscalía abrió diligencias de investigación al creer que se ha podido vulnerar el artículo 512 del Código Penal, que sanciona con entre 1 y 4 años de inhabilitación profesional a quien, ejerciendo su actividad laboral, deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su minusvalía, entre otros muchos aspectos, como la raza, religión, sexo u orientación sexual.
Aunque al difundirse los hechos el dueño remitió una carta disculpándose y aclarando que tuvo "un mal momento" cuando echó a los jóvenes, la investigación ha seguido su curso.
A partir de la toma de declaración del día 1 de diciembre, el juez puede acordar desde la petición de nuevas diligencias previas hasta el sobreseimiento del caso, aunque las fuentes consultadas ven probable que haya una conformidad entre el imputado y el fiscal, lo que conllevaría la rebaja de un tercio de la pena que vaya a solicitar el ministerio público.
