Son las seis de la tarde y los vecinos del número 5 de la calle Cerdá, un edificio de esos que presiden el yugo y las flechas del Instituto Nacional de la Vivienda franquista, enclavado en el barrio alicantino de Los Ángeles, viven inmersos en su rutina diaria, ajenos en su mayoría al despliegue policial registrado doce horas antes.
En el exterior todo parece teñido por una pátina de cotidianidad. Un señor de pelo cano saca unos bultos de un almacén con persiana roída por la mugre y los carga en una furgoneta blanca, y una joven pareja de inmigrantes latinoamericanos empuja el carrito de su bebé con la misma constancia y naturalidad con que sus compatriotas están empujando la natalidad en este país.
En el cuarto piso, un niño contesta al telefonillo. «Hola, ¿está tu mamá?, queríamos hablar con ella. Somos periodistas». Al chaval se le escucha gritar el recado por el pasillo. Su madre, que debe andar atareada, le pregunta extrañada. Y él, ni corto ni perezoso le insiste «¡Que vengaaas!». No hay suerte. «Ni periodistas, ni periodistos», contesta ella al muchacho y acto seguido cuelga bruscamente el aparato.
De madrugada, entre las cuatro y las seis, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la secretaria del juzgado de guardia de la capital han registrado una vivienda de esa finca próxima al estadio Rico Pérez en una descomunal operación en toda Europa contra la mafia ruso-georgiana.
Un vecino de avanzada edad accede a detenerse y a cruzar unas palabras con los curiosos. «Vengo poco porque vivo en el pueblo, pero esta mañana me contó un vecino que estuvieron aquí siete u ocho policías y luego vi la noticia en televisión. Él se enteró porque llamaron a su puerta. Pero casi todo el mundo estaba durmiendo y nadie sabe nada no se enteraron».
El hombre rechaza amablemente el ofrecimiento del fotógrafo para que pose en el portal. «No quiero jaleos», dice. Y a continuación afirma desconocer a los inquilinos del domicilio registrado, la familia georgiana N. «Son extranjeros. Aquí viven muchos, pero yo no los conozco».
Una pareja de jubilados refrenda unos minutos más tarde sus palabras. «De los antiguos quedamos sólo cinco pisos. El edificio tiene 42 ó 43 años. Aquí entra mucha gente a la que saludas en la escalera, aunque no sabes absolutamente nada de ella».
«Es la primera noticia»
¿Escucharon ayer follón? ¿Saben que estuvo aquí la Policía? «Ni idea. Esta es la primera noticia que tenemos», comienza el hombre. «Yo salí por la mañana a por el pan y no me dijeron nada. No me levanto hasta las diez. Y si me quito esto (se señala un sonotone), ya puede caer una bomba que...» . Su mujer aprovecha para denunciar que hace una semana encontraron restos de sangre en la escalera del edificio y que ni ella ni una vecina están nada contentas con las colillas que les tiran desde pisos superiores porque les fastidian la colada.
Arriba, ya en la cuarta planta, la misma que sirvió de escenario del despliegue policial, todo está en silencio. Nadie contesta a las insistentes llamadas a los timbres de las puertas, a excepción de un escandaloso chucho que olfatea insistentemente a los intrusos tras la puerta. Un poco más allá se escucha al mismo chaval que descolgó el telefonillo y a su madre volver a reñirle y amenazar en voz alta, lo suficiente como para ser oída, que llamará a la Policía.
Por último, y con la esperanza de que alguien de los N. acceda a hablar con la prensa, suena el timbre del piso registrado. Un joven con acento extranjero pregunta quién es sin abrir la puerta. «No, no, adiós», invita a marcharse a los desconocidos cuando se identifican y manifiestan sus intenciones.
