Instalaciones del Puerto de Alicante donde se quiere instalar la planta de biodiesel./ A.D.
El portavoz del colectivo local de EU, Miguel Ángel Pavón, ha dado hoy a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anula el acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante que en octubre de 2006 aprobó la instalación de una planta de biodiesel en el muelle 19 de la zona de ampliación portuaria. El acuerdo fue recurrido ante el TSJ por EU argumentando que se incumplía el objeto de la concesión, que sólo permite usos ligados al tráfico de mercancías y personas, no permitiendo en ningún caso instalaciones industriales de producción, en este caso de biodiesel, un argumento aceptado por el TSJ para anular el acuerdo.
La sentencia desautoriza por completo tanto al entonces Presidente de la Autoridad Portuaria y actual Conseller de Infraestructuras, Mario Flores, como a los consejeros del Gobierno Central (Álvaro Mora), Generalitat Valenciana (José Joaquín Ripoll, Pedro Marco) y Ayuntamiento de Alicante (Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi) que votaron a favor del acuerdo, aunque posteriormente el Ayuntamiento, presionado por las demandas vecinales en ambiente preelectoral, denegara en marzo de 2007 la licencia municipal a Biodiesel Alicante SL. Precisamente esta sentencia puede suponer, de hacerse firme, que el Ayuntamiento, personado en la demanda que Biodiesel Alicante SL mantiene contra la denegación municipal de licencia exigiendo una importante indemnización, pueda plantear la nulidad de ese proceso judicial al haberse anulado la autorización del Puerto que permitió la tramitación de la licencia. Anulada la autorización, pierde validez jurídica tanto la tramitación de la licencia como la demanda judicial de Biodiesel Alicante SL contra el Ayuntamiento, desapareciendo el riesgo de que las arcas municipales tengan que asumir el pago de una indemnización a la empresa.
Miguel Ángel Pavón recuerda que EU ha sido el único grupo político que primero alegó ante la Administración y luego recurrió en los tribunales el proyecto de la planta de biodiesel, y espera que la Abogacía del Estado, que incomprensiblemente informó a favor del acuerdo y que ha defendido a la Autoridad Portuaria ante el TSJ en el recurso de EU, no recurra la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo.
EU considera que esta sentencia tiene que obligar al Gobierno Central, a la Generalitat y al Ayuntamiento, administraciones en manos del PSOE y del PP, a replantearse el destino de la zona de ampliación portuaria, de modo que se evite el conflicto entre puerto y ciudad situando en la plataforma logística que la Consellería de Infraestructuras promueve junto al Pla de la Vallonga los silos de cemento, cuyas licencias municipales están recurridas en los Juzgados de Alicante por EU y los vecinos. Tanto EU como los vecinos estudiarán en los próximos días la posibilidad de recurrir las nuevas autorizaciones del Puerto a los silos a la luz de la sentencia que ha anulado el permiso del Puerto a la planta de biodiesel.
