Esquerra Unida (EU) en Alicante pidió hoy la dimisión "inmediata" del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante , Miguel Valor, por cobrar indemnizaciones por asistir, en calidad de presidente, a la comisión técnica de coordinación de programas culturales y artes plásticas, según informó hoy en un comunicado la formación política.
El portavoz del colectivo local de EU, Miguel Angel Pavón, señaló que el acuerdo de creación de la comisión, en 2002, estableció que las indemnizaciones serían percibidas por los vocales y la secretaría en razón de su cualificación técnica, oscilando entre 90 y 30 euros, mientras que no se asignó ninguna cantidad al presidente, Miguel Valor.
No obstante, detalló que los miembros PP y PSPV-PSOE en la Junta Rectora del Patronato de Cultura aprobaron en noviembre de 2007 dos decretos por los que se cesó y nombró a distintos miembros de la comisión técnica de coordinación de programas culturales y artes plásticas, entre ellos el de Valor como presidente y su secretaria como uno de los miembros.
Los decretos fijaban la indemnización por asistencia a percibir por todos sus miembros, "incluido el presidente y concejal", de 90 euros por sesión.
Por ello, EU consideró "improcedente tanto que Miguel Valor cobre dinero de la comisión como que los restantes miembros perciban la misma indemnización independientemente de su cualificación profesional, vulnerándose lo dispuesto en el real decreto vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio".
La formación de izquierdas pidió las actas de todas las reuniones de la comisión celebradas desde la ratificación de los decretos hasta la actualidad y, además, que se haga constar el dinero recibido por todos los miembros en concepto de indemnización por asistencia, así como su cualificación profesional.
EU estimó que "el dinero total percibido por los miembros de la comisión durante 2009 podría superar los 30.000 euros, una cantidad que en el total de la legislatura podría superar los 100.000 euros, de los que a Miguel Valor le corresponderían en torno a 5.000 y 16.000 euros".
Pavón criticó que "en plena época de restricciones presupuestarias se dilapide alegremente un dinero público vital para atender las necesidades en gasto social de una parte importante de la población".
Asimismo, el portavoz local reclamó que se "anulen los decretos" y que se "reingrese en las arcas municipales el dinero percibido irregularmente".
