Esquerra Unida de Alicante ha acusado al equipo de gobierno en la ciudad, del PP, de "urbanismo a la carta" a favor de los intereses de la multinacional sueca del mueble Ikea para su plantación en el plan urbanístico de Rabasa, donde se proyectan 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados.
En un comunicado, el portavoz local de la coalición, Miguel Ángel Pavón, ha recordado que con la implantación del centro de 130.000 metros cuadrados de Ikea, el PP incumple su promesa de no permitir nuevas grandes superficies comerciales en el término municipal.
Pavón ha hecho estas declaraciones el mismo día en que el PP ha aceptado la petición de Ikea y de Viviendas Sociales del Mediterráneo (que desarrolla el plan urbanístico) de efectuar una modificación puntual en el artículo 95 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Esta variación permitirá a Ikea abrir con fachada a la autovía A-7 desde el sector de Rabasa y, además, le garantizará que no habrá ninguna gran superficie comercial nueva en el futuro porque se prohibirán.
La modificación puntual, que saldrá a exposición pública antes de la aprobación definitiva, está supeditada a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) levante la actual paralización provisional del plan Rabasa.
El alto tribunal lo ha paralizado temporalmente porque considera que no se ha acreditado suficientemente el suministro hídrico de las nuevas 13.000 viviendas.
Para Pavón, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, "favorece con esta decisión intereses particulares ligados al promotor del Plan Rabasa (Enrique Ortiz) frente a los públicos, que deben defenderse a través del nuevo PGOU".
La decisión del PP, a través de la junta de gobierno, supone seguir apostando por tramitar el plan Rabasa al margen del PGOU, precisamente una de las razones en las que se apoya el TSJCV para suspender cautelarmente el plan, según el portavoz de EU.
La coalición ha reiterado su rechazo frontal a Ikea en Alicante ya que su construcción supondría duplicar la actual extensión de las grandes superficies en la ciudad, y causaría un impacto "brutal" sobre el pequeño comercio y el sector provincial del mueble.
En cambio, abogan por un modelo comercial "radicalmente diferente que excluya nuevas grandes superficies y apueste de forma decidida por revitalizar los barrios mediante medidas de apoyo al pequeño comercio".
