Si nos remontamos unos años atrás, observaremos cómo el mundo del vino resultaba atractivo para unos inversores que veían en ese sector una forma fácil de ganar dinero y un gran negocio. Eran los tiempos en los que el kilogramo de uva se pagaba a 0,60 euros, cuando el sector vitivinícola aún era muy rentable y bueno para invertir los ingresos.
Los viticultores que toda la vida nos hemos dedicado a la producción de vino hemos intentado desde siempre convertir nuestras viñas en explotaciones rentables, no duplicando o triplicando la extensión territorial de la misma en gran parte por la falta de inyección económica con la que comprarla y mantenerla en pie.
Los viticultores que toda la vida nos hemos dedicado a ello hemos intentado hacer una explotación rentable, no duplicando o triplicando la explotación, sino adaptándola a nuestras necesidades para poder vivir de ello, con las inversiones necesarias y a costa de mucho sacrificio, sudor y muchas horas de trabajo.
Hemos visto atónitos cómo grandes capitales provenientes de otros sectores (industria, construcción) han invertido grandes sumas de dinero en el sector, en la producción de uvas y vino, creando inmensas explotaciones. El transcurso del tiempo nos ha dado la razón. Es fácil producir y hacer buenos vinos, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que el vino se vende de diversas formas: a graneles con precios muy bajos y embotellado en un lineal vale un dineral y en la hostelería puede, en el mejor de los casos, triplicar su valor.
El sector del vino tradicionalmente se ha situado en la zonas más desfavorables, de interior y donde las condiciones medioambientales no permiten otro cultivo más rentable. Ha servido para el mantenimiento de la población, para emplear a bastante mano de obra, incluso en algunas zonas ha llegado a ser prácticamente un monocultivo y la cooperativa de turno tener incluso más poder económico que el propio ayuntamiento. De un tiempo a esta parte hemos pasado, tras varias Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) a cada una peor, de cambios en políticas agrarias, a que un kilo de uva en los años 95/98 se pagara entre 0,55-0,65 €/kg hasta que hace pocos años los precios ya cayeran hasta los 0,12-0,17 €/kg.
Producir un kilo de uva en las zonas productoras de Alicante ronda los 35 céntimos sin contar las amortizaciones, por lo que las pérdidas acumuladas en el año ascienden a unos 23 céntimos por kilo. Cualquier empresa en esta situación cerraría inmediatamente, por lo que cabe preguntarse para qué sirven tantas políticas ineficaces, tantas OCMs, tantos acuerdos multinacionales, tantos tratados, si al final cada vez estamos más arruinados.
Como pueden observar el sector del vino no escapa a la crisis generalizada de precios que soporta el agricultor en general. Esta situación no obedece únicamente a que cada vez se consuma menos vino -se ha pasado en pocos años de 26 litros/habitante a 18 en 2008-, sino también a las malas políticas que se han empleado para el sector. A este paso, en muy pocos años si los políticos y el comercio no quieren aportar soluciones nos quedamos sin viñedos y por lo tanto sin viticultores y demanda de mano de obra.
