La caída de ingresos directos e indirectos de los ayuntamientos, a causa de la crisis económica, y los muchos problemas de financiación de la Administración local abocan a los ayuntamientos alicantinos, de todos los colores políticos y tamaños, a presentar expedientes de regulación de empleo ante la autoridad laboral para ajustar las plantillas por los serios problemas que hay ya para pagar hasta lo más básico: las nóminas de los propios empleados públicos.
Hasta la fecha, son dos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, los dos de la provincia de Alicante, que han optado por esta fórmula prevista en el Estatuto de los Trabajadores cuando cae la producción o cuando hay causas económicas de por medio, como es el caso.
Estos dos ayuntamientos son los de Teulada y Callosa d'En Sarrià. En el primer caso, el Ere se presentó ante los servicios territoriales de Trabajo de Alicante el pasado mes de octubre. Planteaba la extinción de contratos a más de 25 empleados fijos de la plantilla laboral, no funcionarios. Al final, la mediación del sindicato CC OO, a través de la Federación Servicios a la Ciudadanía, ha logrado frenar los despidos y se ha producido una recolocación de los operarios.
Según explica el secretario autonómico de esta federación sindical de CC OO, Juan Cruz, no se trata ya de un caso aislado. Otro similar se ha producido en Callosa d'En Sarriá. En pleno mes de agosto, este consistorio comunicó a las organizaciones sindicales la presentación de otro Ere. Afectaba a un sólo trabajador, que finalmente ha sido despedido, previo pago del finiquito. La decisión municipal está recurrida por la vía administrativa y no se descarta la judicial, según Juan Cruz.
Este dirigente sindical augura un auténtico aluvión de Ere en las tres direcciones provinciales de Trabajo de la Comunitat en los primeros meses del 2010 debido a la situación de asfixia que sufren las arcas municipales, de forma más que generalizada.
«Sigue sin resolverse el asunto de la financiación de la administración local, la cosa está muy mal, muy mal, tenemos ahí todos la espada de Damocles», indica el veterano dirigente sindical, el cual asegura que el próximo año las mesas de negociación del empleo público no se basarán en la oferta, sino en las amortizaciones de personal por la vía de los expedientes de regulación para extinguir contratos de personal laboral indefinido.
Generaliza esta práctica a ayuntamientos de todos los colores políticos y de punta a rabo de las comarcas de la Comunidad Valenciana. Asegura que esta será la línea maestra de la negociación del empleo público el próximo año dada la estrechez de la tesorería municipal. «Es lo mismo que nos temíamos en el caso del catálogo de puestos de trabajo de la Generalitat, que ha sido reducido de cuajo en quinientos empleos, como así ha ocurrido», alerta Juan Cruz.
La pérdida del empleo es una de las consecuencias más funestas de la problemática creciente de la financiación de las administraciones locales, que afecta al conjunto de los consistorios españoles. Más en aquellos casos en los que la dependencia del ladrillo era abismal en los últimos años y, tras el parón inmobiliario, han descendido a la mitad o mas sus ingresos por la vía de licencias de obras mayores o menores y otro tipo de tasas.
La mayoría de pueblos están pendientes de ajustar su previsión de ingresos y gastos para poder confeccionar y aprobar los presupuestos del próximo año. En los años de bonanza, los proyectos contables ya estaban en el horno. Ahora, ni amasados.
Para colmo, muchos municipios importantes de la provincia están recibiendo una notificación del director general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales que aún desata más la preocupación. El Ministerio de Hacienda anuncia que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 recoge una modificación del artículo 70 por la que se mantiene la deducción de 400 euros en el IRPF para determinadas bases imponibles. Esto supondrá una disminución del 0,50460 por ciento de los ingresos en concepto de IRPF por cada ayuntamiento, así como la modificación de las entregas a cuenta del Fondo Complementario de Financiación del 2010, lo que se traducirá en mermas de varios cientos de miles de euros en consistorios medianos.
Menos IVA
Ante este escenario de estreches de liquidez, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), controlada por el PP y presidida por la alcaldesa popular de Alzira, Elena Bastidas, insiste en exigir al Gobierno central que reduzca el tipo impositivo del IVA (impuesto sobre el valor añadido) del 16% actual al 7% como vía de escape financiero a corto plazo.
La FVMP calcula que el 80% de las operaciones que realizan los consistorios están afectadas por el IVA. Bastidas mantiene que, a diferencia de lo que ocurre en las empresas comunes y privadas, este tributo nunca repercute en el consumidor, porque se trata de servicios públicos. Además, mantiene que los ayuntamientos son compañías sin ánimo de lucro, por lo que recomienda una reconsideración de la normativa tributaria actual.
