POLÉMICA
«Me parece inaudito que una directora general desconozca la normativa legal aplicable en su área de competencia». El portavoz del equipo de gobierno local, Alejandro Pérez, no tardó en replicar las declaraciones de la directora general de Patrimonio, Paz Olmos, sobre el Plan Especial del Palmeral de Elche y el Mirador, publicadas ayer en este periódico.
Pérez señaló que «además de la cuestión legal, desde el punto de vista político, me parece lamentable que el Gobierno valenciano no quiera que Elche progrese y pueda tener más recursos turísticos». Paz Olmos declaró el día anterior que su departamento no aprobará el Plan Especial del Palmeral si no se subsanan las 14 deficiencias o anomalías detectadas por su departamento en el documento enviado hace más de dos años por el Ayuntamiento. Respecto al Mirador, aseguró que «es inviable» en el emplazamiento elegido y que «no se aprobará».
El portavoz municipal señaló que el informe «refleja la opinión personal de la directora general pero no tiene validez jurídica». Insistió en el argumento municipal de que el informe debe considerarse favorable por silencio administrativo, frente a la opinión de Olmos de que en temas de Patrimonio, el silencio se entiende como negativo. «Desconoce que la ley de Patrimonio aplicable a este expediente es la de 1998, ya que la tramitación se empezó con esa legislación, y en esa norma, el silencio administrativo tras un plazo de tres meses sin contestar, es favorable».
Pero esto no es lo más importante de sus declaraciones, según Pérez. «Desconoce que el Palmeral no se regula por las normativas que ella dice [las leyes de Patrimonio Cultural Valenciano y del Paisaje], sino por la ley 1/1986, que regula la protección y tutela del Palmeral de Elche. Fue la primera ley que aprobaron las Cortes Valencianas, cuando la Generalitat estaba gobernada por el PSOE, y guste o no, no está derogada y las administraciones están obligadas a cumplirla».
Por encima
Según el portavoz municipal, «se trata de una ley especial que está por encima de una ley ordinaria, porque regula de forma específica un determinado bien». Alejandro Pérez recordó que uno de los objetivos de la norma de 1986 era precisamente agrupar en un único cuerpo jurídico toda las normativas existentes entonces que afectaban al palmeral, de carácter estatal, autonómica y local.
«La directora general tiene que actuar con sensatez y sentido común. La tercera ciudad de la Comunidad Valenciana está trabajando para dotarse de infraestructuras turísticas que permitan poner en valor su palmeral, que ha mantenido el pueblo de Elche con mucho esfuerzo durante siglos. Parece que eso le molesta a la Generalitat, porque está poniendo piedras en el camino desde el primer momento». Añade Pérez que el Gobierno autonómico «debería apoyar lo que surge desde el pueblo de Elche, porque también somos ciudadanos de la Comunidad».
Añade el portavoz que «la ley específica del Palmeral contiene todas las normas concretas para garantizar su preservación. No tiene sentido que un bien que los ilicitanos han mantenido generación tras generación, venga ahora una dirección general a decirnos lo que hay que hacer». Pérez considera que «está en juego en qué medida el pueblo de Elche es capaz de decidir por sí mismo qué se hace con su Palmeral y su ciudad».
El portavoz municipal insiste en que «lo que estamos reclamando es simplemente que se cumplan la leyes, porque están para cumplirse, y más desde las administraciones públicas. Una dirección general tiene las atribuciones que les dan las leyes y, en este caso, la que regula el Palmeral de Elche es la aprobada en 1986. No lo decimos nosotros, lo dicen las Cortes Valencianas, que están por encima de la Dirección General de Patrimonio».
Pérez rechaza que el Ayuntamiento (gobernado por PSOE y Compromís) busque en este tema un enfrentamiento político con la Generalitat (en manos del PP). «No estamos empeñados en esta postura por empecinamiento, sino por lógica».
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