LOS DATOS DEL FISCAL
El Congreso ha accedido finalmente a retirar de sus recomendaciones al Gobierno sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género que el consumo de alcohol y drogas pueda considerarse una circunstancia agravante en las condenas a maltratadores.
Pero no renuncia a que tampoco lo apliquen los jueces como atenuante para rebajar las penas, algo que sí ocurre en la actualidad. De la misma manera, la Comisión de Igualdad del Parlamento ha llegado a un consenso para que los agresores que sean condenados en firme pierdan la custodia de sus hijos y no puedan gozar de régimen de visitas.
También han propuesto una regulación expresa de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y que los tribunales dejen de avalar el síndrome de alienación parental (SAP).
Con esta última reclamación, las Cortes se suman a la responsable del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, Paloma Marín, a colectivos de juristas y a organizaciones feministas.
En la provincia de Alicante, las denuncias por malos tratos de carácter machista superaron el pasado año las 4.000, según datos de la Fiscalía, que no cuadran con los que suele facilitar la Subdelegación del Gobierno por la disparidad de sus respectivos registros informáticos.
Cinco mujeres fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas, todas ellas entre enero y mayo. Las denuncias contra novios o ex novios casi duplican a las de cónyuges o ex cónyuges.
El Ministerio Público alerta en su memoria anual del «elevado» número de víctimas que reanudan la convivencia con sus maltratadores. Entre los extranjeros, predominan los ecuatorianos, pero han aumentado tanto los nacionales de otros países latinoamericanos como los de Rumanía. El fiscal de Malos Tratos de Alicante, Ángel Alcázar, considera «preocupante» la cifra de mujeres que se niegan a declarar ante el juez o en la vista oral, lo que generalmente suele anticipar sentencias absolutorias.
La mayoría de delitos denunciados el pasado año fueron maltratos de obra, 2.360 casos, por 38 maltratos habituales, 270 quebrantamientos de medidas cautelares y cinco agresiones sexuales. Se registraron, asimismo, 743 supuestos delitos de amenazas, 24 de lesiones y 50 coacciones.
El número de agresores con dos denuncias ascendió a 1.362 y los que acumulaban más de tres denuncias superaba el medio millar. Una vez más, la Fiscalía se queja de la falta de medios personales y materiales para desempeñar su trabajo.
