Padres y madres separados libran una cruenta batalla desde hace años por la aplicación en los tribunales del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Fue descrito en los años ochenta por el psiquiatra Richard A. Gardner como «el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor».
Alicante y Valencia son dos de las provincias donde se han dictado más sentencias que reconocen la existencia de esa supuesta patología pese a que ni la Organización Mundial de Salud (OMS) ni la Asociación Americana de Psiquiatría la han validado. Algunos progenitores, sobre todo madres, han llegado a perder la custodia de sus hijos por esa razón.
La polémica se ha acrecentado al irrumpir en escena, nada más y nada menos que el Síndic de Greuges, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Todos se han alineado con las organizaciones feministas y los colectivos de mujeres juristas para criticar la toma en consideración de este hipotético cuadro clínico por parte de la judicatura.
La responsable del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Paloma Marín, alertó hace unas semanas de que el SAP perjudica la aplicación de la ley integral contra los malos tratos de carácter machista y se ha convertido en un instrumento de «estigmatización de la mujer».
Contra el maltrato
El Síndic opina también que «contraviene el espíritu» de dicha legislación. Coincide con la magistrada en que el SAP no tiene «categoría clínica, ni médica, ni psicológica». El Defensor del Pueblo de la Comunitat responde así a la queja presentada por un grupo de madres bajo el amparo de la Plataforma Luna sobre los Puntos de Encuentro Familiar (PEF).
El Síndic, José Cholbi, sugiere a los profesionales de estos centros -donde se llevan a cabo intercambios de menores para el cumplimiento de los regímenes de visita en separaciones matrimoniales conflictivas o cuando existen órdenes de alejamiento por malos tratos- que dejen de diagnosticar ese síndrome.
En la Comunitat, las plantillas de los PEF, psicólogos y trabajadores sociales, están compuestas por personal contratado por la Generalitat a través de la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide), cuyo patronato está presidido por la actual consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.
Su antecesor, Fernando de Rosa, fue el gran impulsor de esas oficinas, en las que subyace, a juicio de las feministas, una «ideología patriarcal». Cuando estaba en el cargo llegó a sostener que uno de cada cinco niños con custodias conflictivas sufría alienación parental. Resulta paradójico que de Rosa ocupe actualmente la vicepresidencia del Consejo, institución que a través del citado Observatorio cuestiona ahora con gran dureza la existencia del SAP.
Precisamente, la cualificación profesional de los trabajadores sociales y psicólogos de los puntos de encuentro ha sido puesta en tela de juicio por usuarias y letradas tanto ante el Síndic como ante la Fiscalía. En esta última institución, en Valencia, presentaron hace meses una denuncia donde sostenían que los menores eran coaccionados y maltratados, incluso físicamente. El Ministerio Público abrió un expediente gubernativo y reclamó información a la Conselleria de Justicia, pero acabó archivando el asunto.
«El SAP no existe y hay que tener en cuenta de que más de la mitad de las mujeres que acuden a los PEF son víctimas de violencia de género», explica la portavoz de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante, Amparo Amorós. Este colectivo asegura que en estos centros se obliga a las madres a «hablar bien» a los niños de sus padres bajo la amenaza de retirarles la custodia por alienarlos.
«Es un tema sangrante. Nos complican la vida. ¿Cómo van a querer estar con sus padres si han visto cómo agredían a sus madres o cómo llegaban borrachos y drogados a casa?», se pregunta una portavoz de la Asociación Luna. Pero las integrantes de esta plataforma van aún más lejos: «Son los jueces y fiscales los que, aceptando falsas enfermedades y falsos síndromes, están poniendo a los niños en manos de maltratadores, abusadores y pederastas».
«Nosotros no somos psicólogos y sólo aplicamos lo que recogen los informes de los equipos psicosociales. Y si hay un niño con problemas y la solución pasa por retirar la custodia a un progenitor, debemos hacerlo porque prevalece su interés», responde una juez especializada en Familia.
Cuando se le recuerda que la OMS no reconoce el SAP, la magistrada responde: «Tampoco reconoce el Síndrome de Estocolmo». En cualquier caso, esa especie de odio ciego de un hijo hacia uno de los progenitores custodio inducido por el otro se está produciendo, «se llame como se llame», añade la juez.
Manipulación paterna
De la misma opinión es un fiscal de la Sección Civil de la Audiencia de Alicante: «La manipulación de los niños por parte de los padres existe. No creo que los PEF estén haciendo informes que concluyan la existencia de alienación parental, pero sí informan de lo que aprecian en las visitas». Para el acusador público, «es discutible si eso tiene la categoría de enfermedad, pero de que existe no hay ninguna duda».
La cuestión no es baladí, ni mucho menos. Un buen ejemplo de la manera en que puede afectar a las relaciones familiares el polémico síndrome descrito por Gardner es una sentencia dictada a finales del 2007 por la Sección Cuarta de la Audiencia de Alicante.
El tribunal, a partir del informe de una psicóloga adscrita a los Juzgados, retiró a una mujer la custodia de su hijo de 12 años al entender que le había causado «un desorden de graves consecuencias emocionales». Según la sala, la mujer habría «programado» al menor para que odiara o rechazara a su padre y estableciera «un vínculo de dependencia con ella que le favoreciera en la custodia».
