La Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan anunció ayer que reanudará las movilizaciones en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida que se debe restituir la licencia de actividad a la empresa encargada de construir y gestionar el crematorio, Funeraria Cristo de la Paz.
El portavoz de la plataforma, Eugenio Herrero, recordó ayer que el asunto está ahora en manos del TSJCV, que emitirá su sentencia en breve, después de que la empresa recurriese la decisión de un tribunal que dictaminó en contra de otorgar la licencia de actividad a la empresa, que había demandado al Ayuntamiento por revocársela, a pesar de que la obtuvo por silencio administrativo positivo.
«En estos momentos, no podemos hacer más que esperar», señala la plataforma, que se ha personado como parte implicada en el procedimiento judicial.
«En caso de que la sentencia sea favorable a la empresa, tendremos un serio problema, porque estaría en su derecho de retomar las obras en cualquier momento», indica Herrero, que añade que, de ser así, «tendríamos que empezar de cero otra vez con las protestas».
La plataforma reconoce que, dada la presión social que se ha ejercido en los últimos tres años, «es difícil que vaya a construirse el crematorio», pero aclara que si la empresa vence en el juicio y, aún así, el Consistorio decide revocarle la licencia, «podrá reclamar al Ayuntamiento una indemnización millonaria en forma de dinero, de terrenos o de cualquier otro tipo , que tendremos que pagar finalmente los ciudadanos».
Este es, dicen, «el plan B de la empresa, que obtendrá negocio de todas formas, y también del Ayuntamiento». Y es que, según la plataforma anticrematorio, el Consistorio ha demostrado su «connivencia» con la empresa, ya que «ha actuado de forma escandalosa en el juicio, no ha presentado ni un sólo informe y, de hecho, ha permitido que la empresa utilice en su contra un informe que encargó el propio Ayuntamiento a la Universidad de Alicante». La plataforma, por su parte, sí ha presentado varios informes en el juicio que, a su juicio, «demuestran que la localización del crematorio no era la adecuada y que podría tener consecuencias negativas para nuestra salud», concluye Herrero.
