Los empresarios se han animado a denunciar casos de supuesta corrupción política. Primero fue José Antonio Alavés en Alicante y ahora lo ha hecho el promotor del Atrium Beach, el mayor complejo hotelero de Europa, que se construye en la Cala de Villajoyosa, según fuentes de la investigación.
Francisco García Martínez, presidente de la cadena Magic Costa Blanca, asegura en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que recibió presiones políticas por parte de un concejal de la localidad, un chantaje para que hiciese la vista gorda con las irregularidades en las obras a cambio de dinero.
El edil denunciado no es otro que Pedro Lloret, actual portavoz del grupo municipal Iniciativa Independent (II) y verdadero azote tanto de las irregularidades apreciadas en las obras del macroproyecto como de la política urbanística desplegada en los últimos años por el Consistorio vilero. De hecho, sus recursos han llevado no en pocas ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a tumbar planes parciales y planes de actuación integrada (PAI) en la localidad.
Lloret participó en el anterior equipo de gobierno, comandado por el socialista Gaspar Lloret y que sumaba a cuatro partidos: el PSPV-PSOE, el Bloc, II y Esquerra Unida. Sin embargo, un edil de su formación, Francisco Manuel Pérez Melero se pasó a finales del 2008 al grupo de no adscritos de la corporación tras alegar desavenencias con su portavoz y asegurar que se sentía «maltratado» por su organización. El siguiente paso fue una moción de censura que otorgó el poder al portavoz del PP, el actual primer edil Jaime Lloret.
El concejal de II y la promotora del Atrium han mantenido durante todos estos años una guerra incruenta con demandas cruzadas en los tribunales, cuyo último episodio es la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por García Martínez.
Fuentes próximas al empresario confirmaron a este diario la acción emprendida por el presidente del grupo hotelero Magic Costa Blanca, aunque rehusaron hacer declaraciones al respecto por consejo de sus servicios jurídicos.
Una fiscal examinó la documentación que acompañaba a la denuncia y solicitó información hace unos meses al Ayuntamiento vilero. La fiscal entendió que los hechos denunciados revestían indicios de delito y remitió el caso a los Juzgados de Instrucción de Alicante, según las fuentes consultadas.
Competencia
El asunto entró en vía judicial a mediados del pasado mes y una magistrada ha abierto ya diligencias previas para comprobar la veracidad de la denuncia. La instructora ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie acerca de su competencia para investigar los hechos porque ésta ofrece algunas dudas. Aunque las obras del Atrium se están ejecutando en término municipal de Villajoyosa, las reuniones donde un intermediario del concejal habría exigido dinero al promotor, tal y como sostiene él mismo, se produjeron en Alicante.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se ha hecho cargo del asunto y deberá solicitar ahora la práctica de diligencias de prueba.
La denuncia de García Martínez supone el epílogo de la larga travesía del desierto por la que ha caminado el complejo hotelero. En el año 2003, en apenas un mes, tres operarios fallecieron en dos accidentes laborales, lo que puso la mira de la inspección laboral sobre las obras.
Más tarde se descubrió que la promotora había superado en once plantas la edificabilidad para la que tenía licencia. El exceso de volumetría supuso la aplicación en 2004 de una «sanción ejemplar», en palabras del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, 12 millones de euros, la más alta de la historia en la Comunidad Valenciana. Pero esa multa fue anulada en el verano del pasado año por el TSJ por un defecto de forma: el expediente había caducado debido a que la Generalitat no lo había tramitado dentro del plazo legal.
Por otro lado, un derribo simbólico de parte de lo construido dio paso a un acuerdo municipal que legalizó el exceso de edificabilidad con la cesión de suelo por parte del promotor. Ese Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), impulsado por el entonces alcalde José Miguel Llorca (PP), fue declarado también ilegal por el tribunal autonómico, precisamente como consecuencia de un recurso contencioso-administrativo de Pedro Lloret. El Atrium, cuatro enormes torres de aparthoteles, aún no ha entrado en funcionamiento y los trabajos de construcción están paralizados. Pero su polémica historia sigue sumando capítulos, a cada cual más turbulento.
