La nueva Orden que prevé publicar la Conselleria de Agricultura para el control y erradicación del picudo rojo -y en la que se está trabajando desde febrero-, contempla que los propietarios de las palmeras infestadas tendrán la obligación de cortar y destruir la parte afectada, siguiendo las directrices técnicas del servicio de Sanidad Vegetal.
En aquellos casos en que se considere por los servicios técnicos, se podrán aplicar tratamientos fitosanitarios, lucha biológica y cualquier método científico reconocido como eficaz.
Los gastos originados por las medidas fitosanitarias, «correran a cargo de las personas físicas o jurídicas propietarias de las palmeras afectadas», como recoge la Orden de la conselleria.
En el caso de los ayuntamientos la administración autonómica facilitará «el traslado y posterior sometimiento a cualquier medida profiláctica de los restos de las palmeras arrancadas que estén afectadoas por la plaga».
En el caso de que la persona o entidad titular no ejecute las recomendaciones dentro de plazo, la propia administración podrá llevarlas a cabo con sus medios o ajenos de manera subsidiaria. Así, los gastos correrán a costa del propietario y el importe podrá exigirse por vía de apremio, amén de las sanciones derivadas.
