Alicante se atrinchera frente al plan del Consell para fusionar las cajas de ahorros de la Comunitat. El poder político y empresarial de la provincia, sin distinción, se ha puesto en guardia para rechazar la propuesta de integrar a CAM y Bancaja. La principal razón es el temor a perder la sede financiera en favor de Valencia. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está convencido de que es el momento de retomar el viejo sueño incumplido de sus antecesores, Joan Lerma y Eduardo Zaplana. Sin embargo, la tarea no será fácil. De hecho, sin consenso y sin un pacto que contente a la sociedad alicantina será inviable.
Camps tiene ya muy asumido que esa corriente de pensamiento popularmente conocida como alicantinismo está más viva que nunca y atraviesa la espina dorsal de partidos, organizaciones y colectivos de toda índole ideológica e intereses contrapuestos. Y así se ha evidenciado con la oposición a la fusión por parte del PP provincial -empezando por Ripoll y siguiendo con Castedo-, las reticencias de los socialistas de la terreta, y el «no» rotundo de Coepa y la Cámara de Comercio.
Este cierre de filas en la provincia contrasta con las posiciones defendidas desde la capital del Turia, en cuyos foros económicos y políticos se han levantado para justo lo contrario, es decir, para resaltar las ventajas de una fusión. Hasta el PSPV-PSOE se ha ofrecido a estudiar la posibilidad siempre que se les garantice el mantenimiento de sus cuotas de poder.
Precisamente, el nuevo proceso electoral de renovación en las cajas está ya en marcha y reflejará la correlación de fuerzas. Al respecto, Camps cuenta con avales importantes tras tomar el mando con sus afines en el anterior proceso, pero también es cierto que eso tampoco le garantiza la mayoría necesaria para emprender una fusión en la que se necesitarían los votos favorables de los dos tercios de la asamblea, que en el caso de la caja alicantina está conformada por 180 consejeros generales con sus correspondientes suplentes. En ella están representados proporcionalmente los distintos grupos, es decir, 65 miembros por impositores, 43 por corporaciones municipales, 45 por Generalitat, 24 por el personal de la caja, y 3 por las llamadas entidades fundadoras.
Así que conseguir la mayoría necesaria exige más que nunca del diálogo y del convencimiento. Por las bravas parece imposible.
En el caso concreto de Caja Mediterráneo, la renovación parcial de sus órganos de gobierno culminará el próximo 2 de febrero con la celebración de la asamblea en la que se procederá a la proclamación de los nuevos miembros del consejo de administración y de la comisión de control, que se renuevan también por mitades, cubriéndose también las vacantes que se hayan producido desde el proceso anterior.
Dentro de esta cúpula de mando también están en juego ahora muchas cosas. La fuerte pugna política que viven PP y PSPV, que les ha llevado a casi romper las vías de diálogo debido al caso Gürtel amenaza con salpicar el proceso de renovación de las cajas.
En el caso de la CAM, el PP en Les Corts Valencianes podría impedir que renovaran y siguieran en el consejo de administración los empresarios Jesús Navarro (Carmencita) y Natalia Caballé (Hoteles Servigroup), propuestos por los socialistas.
También le podrían intentar pasar factura por el lado de los impositores a Óscar Estrada, que también cumple mandado. En el caso de que sucediera así la guerra estaría declarada, pero es evidente que al propio Camps no le conviene abrir más frentes y sí, en cambio, tender puentes si de verdad quiere que la fusión CAM-Bancaja sea respaldada por consenso.
El grupo de los impositores -clientes y verdaderos dueños de las cajas- , el más numeroso, con 65 consejeros generales, también tiene mucho que decir a la hora de sacar adelante la fusión. Ahora, en este proceso electoral le corresponde renovar a 33 miembros. Con ese objetivo, el pasado día 29 de octubre se realizó ya el sorteo entre los impositores que reúnen determinados requisitos -ser mayor de edad, o tener al menos dos años de antigüedad como cliente-. De dicho sorteo se obtuvieron 495 compromisarios de entre los que ellos mismos designarán a los 33 consejeros generales para la asamblea, con sus correspondientes suplentes. Será el próximo 12 de diciembre. Para el resto de grupos se establece un plazo, que finalizará el 21 de diciembre, con el fin de que puedan comunicar a la caja los respectivos representantes.
Una vez completada la asamblea de nuevo con 180 miembros, corresponderá formar ya las candidaturas para el consejo de administración y la comisión de control. A sus miembros les corresponderá decidir sobre la fusión si Camps lleva su plan hasta el final.
